*Gobierno ha incumplido obligación de investigar, sancionar y reparar los delitos, denunciaron las y los jueces
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 1 de octubre. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, Eje Guerra Sucia condenó al Estado mexicano por su participación directa e indirecta —por acción y por omisión— en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Enrique Peña Nieto, así como por el incumplimiento de sus obligaciones para investigar, sancionar y repararlos, esto luego de la audiencia realizada este fin de semana en la comunidad Santa Fe de la Laguna, Michoacán.
El TPP lamentó la constante represión a los movimientos sociales así como la criminalización de la protesta social, pues ambos vulneran las libertades de expresión, manifestación pública, asociación y reunión. Asimismo, las y los jueces deploraron que en México exista un marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos de los pueblos originarios y de los civiles, políticos, económicos sociales y culturales (DESCA).
En este sentido, el tribunal recomendó al gobierno crear una Fiscalía Especial de Derechos Humanos para investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos, así como reformar la Procuraduría General de la República (PGR) con el fin de que ésta sea independiente del poder ejecutivo y garantice la autonomía e independencia en la impartición de justicia.
Además, el TPP pidió que la Suprema Corte de la Nación (SCJN) y las instancias judiciales de menor jerarquía, reconozcan la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; y que el gobierno cree una jurisdicción contencioso-administrativa para que juzgue y repare los actos, hechos y omisiones de la administración pública, y así poder satisfacer los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
De igual forma, las y los jueces solicitaron se incorpore a la Carta Magna los derechos a la vida e integridad física y mental; que en el Código Penal Federal se tipifiquen los delitos de ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, masacre y confinamiento y que se modifique la tipificación del delito de terrorismo, para que no se utilice para perseguir a la protesta social. También pidieron que se cumplan las recomendaciones recibidas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, “la condena al Estado Mexicano lleva consigo la condena a agentes privados que han actuado en connivencia con los agentes estatales, mediante la financiación, organización o promoción de acciones de violación de derechos humanos”, precisó el TPP; por ello instó al gobierno abstenerse de incluir a grupos armados en actividades de persecución del delito y promover acciones efectivas para penalizar a los grupos paramilitares.
En cuanto a los organismos internacionales, el Tribunal llamó a los comités de Derechos Humanos, contra la Tortura y sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU así como a los Relatores Especiales sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Independencia de Jueces y Abogados, Pobreza Extrema y Desplazados Internos, den seguimiento a los informes presentados por el Estado mexicano y solicitar al gobierno una invitación para visitar el país, y verificar en forma directa los temas correspondientes a cada uno de sus mandatos.
Además, instó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) promover un acuerdo con el gobierno para restablecer su presencia en el país —preferiblemente mediante una Oficina Nacional—; y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para impulsar el establecimiento de oficinas estatales en cada una de las entidades federativas, principalmente en las que el TPP documentó la mayoría de las violaciones a derechos humanos: Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Chihuahua.
De igual manera, solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) invitar al Estado mexicano a expedir la normatividad que permita hacer efectivo lo estipulado en el Convenio 169, principalmente en temas de consulta previa informada y libre para los proyectos que afecten territorios o comunidades indígenas. Asimismo, pidió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión (CIDH) y la Corte (CoIDH) visitar México para verificar la situación en materia de derechos humanos.
El TPP Capítulo México, Eje Guerra Sucia hizo un llamado a la sociedad para que asuma el derecho a la protesta social, escuche la voz de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos y genere una memoria histórica “de graves atropellos y violaciones”. Finalmente invitó a las organizaciones civiles a usar todos los recursos educativos, jurídicos, administrativos y de protección internacional para visibilizar y remediar las situaciones de violaciones a derechos humanos.