*La instancia exigió información sobre actos discriminatorios y la concesión de una visa humanitaria para el hondureño
México, DF, 23 de septiembre. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio trámite a la queja presentada, a través del Centro Prodh, por Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño afrodescendiente, discriminado y torturado por autoridades mexicanas y quien se encuentra preso desde hace cinco años en el Cefereso No. 4 de Tepic, Nayarit.
La instancia emitió medidas precautorias, donde pide información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Consejo de la Judicatura Federal, al Instituto Federal de la Defensoría Pública, a la Comisión Nacional de Seguridad y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por los actos discriminatorios perpetrados en contra del también defensor de derechos humanos.
El Conapred señaló que “se debe de informar al Instituto Nacional de Migración (INM) que Ángel Amílcar es víctima de tortura y que existe una averiguación previa por este delito, motivo por el cual es pertinente concederle la visa humanitaria que ha solicitado”.
Asimismo, exigió garantizar “la comunicación constante de Ángel con su familia y su defensa por escrito y por teléfono” y que la representación de Honduras en México informe a su connacional sobre la situación actual de su país, puntualizó un comunicado emitido por su defensa.
La instancia declaró que Colón Quevedo denunció haber sido víctima de discriminación al ser torturado, por motivos raciales, por policías y militares en el momento de su detención; así como por parte del Poder Judicial Federal al resolver el recurso interpuesto contra el auto de formal prisión, ya que “su origen afrohondureño fue la única justificación para que el Magistrado del Tribunal Unitario le atribuyera el delito de delincuencia organizada”.
También resultaron discriminatorias “tanto la inadecuada defensa pública que recibió después de ser detenido como las condiciones de reclusión que ha sufrido en el Cefereso 4 durante más de cinco años de injusto encarcelamiento”, advirtió el comunicado, ya que por mucho tiempo “no se tomaron medidas razonables acordes a su situación de migrante, como facilitarle el contacto con su familia en Honduras”.
“El Estado mexicano tiene en sus manos una forma de mostrar inequívocamente su voluntad de poner un límite a este conjunto de situaciones que tienen origen en la privación injusta de libertad de Ángel. Precisamente el momento actual de su proceso legal es el oportuno para que la PGR presente conclusiones de no acusación, lo que implicaría la libertad inmediata de Ángel”, concluyó el Conapred.
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