*Opinión
Por Simón Hernández León/Centro Prodh/@simonhdezleon
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presidida por Raúl Plascencia Villanueva ha devaluado su mandato constitucional de protección de derechos fundamentales y ha desnaturalizado el sentido de existencia de una entidad pública que debiera defender a las personas frente a la arbitrariedad, para convertirla de forma paulatina, en una entidad aliada de los poderes públicos, que guarda silencio y se convierte en cómplice de quienes violan derechos humanos.
La CNDH y el Gobierno de Puebla encabezado por Rafael Moreno Valle son responsables, por acción y omisión, de los resultados del operativo realizado el 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, donde murió un menor de edad y otras nueve personas resultaron heridas.
El ombudsman nacional ha subejercido su mandato constitucional y ha hecho uso discrecional de sus facultades. En 2012 presentó la acción de inconstitucionalidad 32/2012 en contra de disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones que permiten la geolocalización de equipos de comunicación móvil; sin embargo, disposiciones similares de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones no fueron impugnadas. De la misma forma, la CNDH presentó la acción de inconstitucionalidad 97/2014 en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que impone la obligación de aviso previo y por escrito de 48 horas antes de una manifestación, cuando en julio pasado respondió al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que la Ley de Ordenamiento Social de Quintana Roo (Ley Borge) que impone la misma restricción, no vulneraba derechos humanos y que por esa razón no había interpuesto dicha acción. Lo anterior ha derivado en una crisis de legitimidad de esta institución por su falta de credibilidad.
En el caso de Puebla no impugnó la inconstitucionalidad de la “Ley Bala” empleada en el operativo. Incluso le dio un aval explícito al Congreso de Puebla. Dicha ley califica de forma arbitraria y subjetiva las manifestaciones como “de mera expresión de ideas” o “de violencia”, establece como criterios para realizar los operativos el “contexto social y político”, y habilita el uso de armas letales contra manifestantes.
El gobernador Moreno Valle es responsable por la ausencia de una política de diálogo y concertación que ha derivado en el encarcelamiento de 30 personas por motivos políticos durante su gestión. Fue el principal impulsor de la “Ley Bala” y quien designó a Facundo Rosas en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a pesar de su perfil caracterizado por la política de mano dura en materia de seguridad y de contar con antecedentes de violaciones a derechos humanos en contra de manifestantes.
La recomendación de la CNDH en el caso Chalchihuapan parte de una investigación deficiente y sesgada en la que no se analiza su propia responsabilidad. Además de convalidar la “Ley Bala”, la Comisión Nacional encubre la responsabilidad del gobernador Moreno Valle; del Secretario de Gobierno, Luis Maldonado, y del Procurador del estado, Víctor Carrancá, quienes en conjunto han construido un clima de gobernabilidad autoritaria en Puebla.
La CNDH concluye que el operativo fue producto de un “uso excesivo de la fuerza” y “negligencia” de la policía, sin atender los antecedentes de represión, que han encontrado en el uso de la fuerza y en el uso faccioso del sistema penal, el mecanismo electo por el gobierno para hacer frente a los conflictos sociales. Para la CNDH, lo acontecido en Chalchihuapan aparece como hecho aislado, provocado por omisión, y no como parte de una política deliberada en la que hay responsabilidad de violación a derechos humanos por acción. La SSP es responsable no por falta de capacitación, sino por haber realizado un operativo con el propósito de reprimir a la población.
La Procuraduría de Justicia también es participe de la responsabilidad institucional: construyó una versión falsa en la que responsabilizó a los manifestantes de la muerte del menor José Luis Tehuatle bajo la hipótesis de la “onda expansiva de un cohetón”, pretendiendo encubrir la participación de la policía. A pesar de ello, la CNDH encarga a esta autoridad esclarecer los hechos a través de una Fiscalía especial. Por su actuación de abierta complicidad, no existen condiciones de objetividad e imparcialidad que garanticen un acceso efectivo a la justicia. Todo lo contrario, los antecedentes hacen prever que de mantenerse la investigación en dicha instancia se conduzca a un escenario de impunidad.
Raúl Plascencia emitió una Recomendación que busca atemperar las críticas a su gestión, al tiempo que genera condiciones que aseguren la impunidadpor los hechos en Chalchihuapan. El silencio cómplice frente al contexto de violación de derechos humanos y el autoritarismo en Puebla y la agenda política de la CNDH han conducido a una crisis de legitimidad, a una institucionalidad fallida y a consolidar una Comisión Nacional cada vez más aliada del poder y distante de los intereses ciudadanos.
*Este texto fue publicado inicialmente en el blog La lucha cotidiana de los DH en Animal Político