*Existen 74 impugnaciones en contra de la demanda colectiva; denunciantes no descartan contubernio entre corporaciones y el Estado
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 17 de septiembre. La entrada de organismos genéticamente modificados en suelo mexicano representa un ataque a la agricultura y a la vida campesina de nuestro país, es por ello que organizaciones civiles, colectivos y sociedad interpusieron una demanda colectiva en contra de corporaciones que producen maíz transgénico, ya que vulneran el derecho a la diversidad biológica del maíz y su preservación, así como la salud, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos.
Dicha demanda fue presentada al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, para que sea anexada a las ya existentes por las violaciones a los derechos colectivos e individuales de las comunidades y en su contenido exige “que se declare que hay presencia ilegal de transgénicos en México, la cual viola el derecho a la diversidad biológica y otros”; advierte además que el sembrar y liberar semillas transgénicas a gran escala, generaría grandes daños al maíz nativo, informó René Sánchez Galindo, director de la asociación civil Colectivas.
Asimismo, el abogado mencionó que el recurso jurídico interpuesto representa una ventaja procesal en la lucha por el maíz originario, ya que las y los denunciantes no tienen que demostrar ante las autoridades el daño que producen los transgénicos, ni indagar sobre quien liberó las semillas o quiénes son las o los responsables, pues “quien debe comprobarlo son las empresas y el gobierno”, añadió. El mensaje es claro: “Si hay daño, no debe haber permisos”, puntualizó el defensor.
Por su parte, Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que la demanda colectiva y su presentación ante el TPP pretende promover acciones en contra del despojo y visibilizar las violaciones a los derechos de las personas que habitan y transitan México. Es por ello que la colectividad solicitó la intervención del tribunal ético en este caso y le realizó una serie de recomendaciones al respecto: En primer lugar que se decrete «que el territorio nacional es centro de origen y diversidad del maíz» y que se establezcan mecanismos de protección reales y no simulados de protección del alimento milenario.
De igual forma, el defensor agregó que la colectividad pide prohibir permanentemente la siembra de maíz transgénico en cualquiera de sus fases (experimental, piloto y comercialización) así como visibilizar a nivel internacional la demanda colectiva interpuesta en México en contra corporaciones como Monsanto, Syngenta y AgroScience, las cuales, acusaron las y los demandantes, han interpuesto amparos en contra de la demanda bajo argumentos como que «no se ha demostrado que los demandantes consumen el maíz» o bien, que la representante de la colectividad, Adelita San Vicente Tello, directora de la fundación Semillas de Vida, nunca protestó por el «cargo».
Las y los denunciantes señalaron que existen 74 impugnaciones en contra de la demanda colectiva, las cuales han sido promovidas por las empresas y por instancias como las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en las cuales han «reutilizado» los argumentos expuestos por las corporaciones antes mencionadas; por lo que el colectivo no descarta un posible contubernio entre el Estado y las empresas de alimentos transgénicos, motivo por el que exigieron investigar actos de desvío de poder a favor de los intereses de las agroindustrias.
Es importante recordar que fue en julio del año pasado, cuando 53 personas y 20 organizaciones promovieron el juicio de acción colectiva en contra de la autorización de permisos para el cultivo de maíz transgénico en el país, proceso que tuvo una respuesta favorable hace exactamente un año, el 17 de septiembre de 2013.
Magdalena Gómez y Jorge Fernández Souza, garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, recibieron los documentos expuestos en la reunión y reconocieron las acciones que los pueblos han emprendido en defensa del maíz. Finalmente, aseguraron que la demanda será tomada en cuenta en la audiencia final del TPP, a realizarse en noviembre próximo, en la que revisarán «el andamiaje jurídico del Estado mexicano» que ha posibilitado la entrada de los transgénicos, y donde además juzgarán al Estado mexicano por sus acciones y/u omisiones en los casos expuestos ante el TPP.