*La investigación arrojó que en 2013 había mil 219 personas centroamericanas encarceladas en México
Por Olivia Vázquez y Narce Santibañez
México, DF, 10 de septiembre. Las y los migrantes que cruzan por el territorio mexicano sufren malos tratos, violaciones, discriminación, secuestros; pero además de estos abusos existe otro fenómeno que necesita ser visibilizado: se trata de la detención de personas migrantes y su vinculación a procesos penales.
De acuerdo con el informe Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, presentado ayer, y realizado por el Centro Prodh y el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA), entre mayo y octubre de 2013, al menos mil 219 personas centroamericanas estaban encarceladas en prisiones mexicanas.
Dicho reporte indica que 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social, y 247 en centros federales. Algunos de estos migrantes, advierte, podrían estar recluidos injustamente ante la posible fabricación de delitos y la falta de acceso al debido proceso.
Los delitos más frecuentes que les fueron imputados a las personas centroamericanas en reclusorios estatales fueron robo, homicidio, delitos sexuales o delitos contra la salud, apunta el informe.
De las 972 personas centroamericanas recluidas en penales estatales, 54.2 por ciento se encontraban en Chiapas, 9 ciento en Tamaulipas y entre 4 y 4.3 por ciento en Nuevo León y Quintana Roo. Dos de cada tres migrantes detenidos tenía entre 18 y 30 años. Además la investigación detectó tres casos de personas menores de edad migrantes en reclusión.
Denise González Núñez, coordinadora de la investigación y colaboradora del Centro Prodh, relató que el tema central de informe surgió a partir del caso paradigmático de Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño afrodescendiente quien, tras ser discriminado y torturado para inculparse por delitos que no cometió, se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 en Tepic, Nayarit, y cuya defensa lleva el Centro Prodh.
La defensora explicó que el informe es resultado de solicitudes de información pública a las 32 entidades federativas, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y al propio Instituto Nacional de Migración (INM), las cuales arrojaron que la mayor parte de las personas centroamericanas detenidas proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador; y que los principales delitos que se les imputan son robo, homicidio, delincuencia organizada, contra la salud, sexuales, lesiones y trata.
González Núñez mencionó que durante el ejercicio de petición sorprendió la negativa de entidades como Campeche, Tabasco, Oaxaca y Veracruz (puntos importantes dentro de la ruta migratoria) a entregar información; así como las incongruencias entre cifras proporcionadas por los estados y el INM, lo cual deja en anonimato a las personas detenidas. Destaca el caso de Chiapas, una de las principales entradas a México, pues, mientras la entidad reveló que existían 532 centroamericanos detenidos, el INM informó que no existían personas en prisión.
Durante la presentación del reporte, Mario Patrón Sánchez, subdirector del Centro Prodh, precisó que la “invisibilización” de las y los migrantes deriva de la falta de protección del Estado mexicano, quien no está cumpliendo con su obligación de salvaguardar la seguridad de las personas que viven y transitan por el país, por lo que se convierten en el blanco perfecto para la criminalización: “son víctimas invisibles, están fuera de su país, son llamados ilegales, no conocen el sistema de justicia, no cuentan con redes de apoyo, son invisibles hasta en sus países”, lamentó el defensor.
Por su parte Javier Urbano Reyes, coordinador del Prami, dijo «que la migración es un asunto estructural y no de seguridad nacional (…) que el sistema de justicia mexicano es racista y xenófobo”, y que las políticas migratorias en México son inviables”.
El informe puede ser consultado en www.centroprodh.org.mx y el video de la presentación AQUÍ.