* La defensora es procesada por delitos de privación ilegal de la libertad; OSC enviaron carta a juez que emitirá próxima sentencia
México, DF, 9 de septiembre. Un centenar de organizaciones emitieron una carta pública dirigida al juez Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, en donde advirtiendo que vigilarán la próxima sentencia a Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Revisarán que sea un proceso justo, imparcial e independiente.
Las organizaciones solicitaron al juez Anastacio Ochoa Pacheco, que dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora; ya que afirmaron, el proceso contra la acusada fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) como una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor.
Asimismo, solicitaron que Bettina Cruz sea garante de la presunción de inocencia, así como de garantizar el derecho a defender derechos humanos.
Además, añadieron que este caso será observado con detenimiento, para que no se coloquen pruebas insuficientes en el dictamen final, ya que la acusación a la que se hicieron acreedora a Bettina es falsa, pues ésta sólo ha emprendido una larga lucha en defensa del territorio y de derechos humanos.
Lucila Bettina Cruz ha enfrentado constantes amenazas debido a su tarea de defensa de derechos humanos. La Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos local le otorgó medidas de protección desde el 14 de noviembre de 2011, fecha en la que fue atacada por la policía estatal mientras brindaba información a las comunidades indígenas sobre su derecho a la propiedad de la tierra.
En febrero de 2012, la PGR detuvo a la defensora, toda vez que estaba acusada por el Ministerio Público Federal de los delitos de privación ilegal de la libertad a trabajadores de la CFE, y del delito contra el consumo y la riqueza nacional, cometidos supuestamente durante una protesta para demandar la libertad de uno de sus compañeros.
Cruz Velázquez fue puesta en libertad bajo fianza. Cabe señalar que a raíz de su detención, muchas organizaciones sociales y civiles se pronunciaron a favor de su libertad inmediata alegando que el motivo verdadero era la criminalización de la lucha social.
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