*Se presenta caso de Claudia Medina, torturada por la Marina; y Ángel Amílcar, migrante torturado y encarcelado
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 4 de septiembre. La tortura en México es generalizada aunque el gobierno insista en negarlo, y lo más preocupante, es una práctica que genera miedo, ya que 64 por ciento de la población mexicana teme ser torturada si se llegara a encontrar bajo custodia de agentes del Estado, informó Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México durante la presentación del informe Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, el cual ofrece datos y testimonios de víctimas que han sido torturadas para obtener confesiones o bien, para incriminar a otras por delitos graves.
Entre los casos documentados se encuentran el de Claudia Medina Tamariz, mujer veracruzana quien fue detenida y torturada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en 2012 para autoinculparse de pertenecer al crimen organizado; y el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, migrante hondureño garífuna que en 2009 fue detenido y torturado en Tijuana, y quien actualmente se encuentra en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit. Ambos procesos jurídicos son acompañados por el Centro Prodh.
Durante la presentación, Claudia Medina relató su testimonio: Fue torturada física, psicológica y sexualmente por cerca de 36 horas antes de ser presentada a la Procuraduría General de la República (PGR) y a los medios de comunicación como integrante de un grupo delictivo. A pesar que fue comprobada la tortura a la que fue sometida, aún enfrenta un proceso penal, “cuya única prueba es la puesta a disposición de la Marina”, añadió Medina Tamariz.
En este sentido, la veracruzana cuestionó el actuar de las autoridades y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien pese a tener conocimiento de la tortura sufrida, “no ha emitido ninguna recomendación al respecto”, lamentó Claudia Medina. Asimismo, hizo un llamado de justicia, tanto para ella como para las demás víctimas de tortura, pues el haber sido presentados ante los medios de comunicación “como los peores” o los más peligrosos, los dañó, concluyó.
Apenas tres años antes de lo ocurrido a Claudia, el defensor de derechos humanos del pueblo garífuna, Ángel Amílcar Colón Quevedo, partió de su natal Honduras con rumbo a Estados Unidos para poder conseguir recursos económicos y así costear el tratamiento contra el cáncer de su hijo mayor. Tras contactarse con un coyote, Ángel fue privado de su libertad en Tijuana y posteriormente detenido en un operativo. Colón Quevedo fue víctima de tortura y discriminación por su color de piel, señaló durante la presentación July Alexandra Baltazar, pareja sentimental de Ángel Amílcar.
July Baltazar precisó que tras la partida de Ángel, no tuvo noticias de él sino hasta un año después, cuando su hijo mayor lamentablemente había fallecido: “la duda de no saber si estaba vivo o muerto era enorme”, agregó. Ya en el Cefereso, a Colón Quevedo no se le permitía hablar por teléfono, por lo que estuvieron incomunicados de nueva cuenta por espacio de tres años. Fue hasta que el Centro Prodh asumió su defensa y que Amnistía Internacional lo declaró “preso de conciencia”, que le permitieron hacer llamadas, incluso relató July Alexandra que el pasado primero de septiembre pudo asistir al penal en compañía de su hijo menor para visitar a Amílcar Colón.
La tortura infringida a Claudia Medina y Ángel Amílcar se da en un momento de violencia y despliegue excesivo de fuerzas armadas para labores de seguridad en el país, señaló Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional. El informe refleja las omisiones del sistema de justicia mexicano —a pesar de que éste ha ratificado tratados internacionales en contra de la tortura—, así como de la impunidad que impera respecto a esta práctica que, desafortunadamente, ya está integrada en los procesos de investigación; prueba de ello son las más de 7 mil quejas por tortura que la CNDH ha recibido, de las cuales, sólo ha realizado 475 peritajes, añadió Knox.
“La CNDH debería ser un actor importante en la protección de los derechos humanos y las víctimas (…) Sí ha investigado y emitido algunas recomendaciones, pero el problema es que la CNDH trabaja para la CNDH y no para las víctimas”, advirtió el investigador. Es por ello que la impunidad continúa perpetuándose, pues a pesar de las evidencias, las víctimas son criminalizadas y asumidas como delincuentes y por eso se desconfía de ellas, en consecuencia, esta imagen genera tendencias negativas en los procesos de impartición de justicia. Ante este panorama, “hasta que no haya sentencias por tortura y se rompa el círculo vicioso (…) no podremos celebrar los ‘avances’ del gobierno”, puntualizó Rupert Knox.
Además de los ya mencionados, el informe presentado por Amnistía Internacional incluye los casos de Alejandro Lugo, detenido y torturado en el DF por policías capitalinos en 2012; Jorge González, detenido y torturado el 2 de octubre de 2013; el de las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco, Estado de México, en 2006; el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas de Guerrero torturadas sexualmente por militares en 2002; el caso de Israel Arzate, detenido y torturado en 2011 para autoinculparse por la masacre de Villas de Salvárcar, en Chihuahua; y el de Rogelio Amaya, torturado en 2010 en Ciudad Juárez para inculparse por la explosión de un coche-bomba, por mencionar algunos.