*Migrantes denuncian violaciones a sus DH en estaciones; piden a INM garantizar condiciones dignas de alojamiento
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 2 de septiembre. Agresiones físicas, verbales y psicológicas, extorsión, tortura, aislamiento por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) así como el hacinamiento y la falta de atención médica, de alimentos de buena calidad y de artículos de aseo personal, ejemplifican las condiciones en que se encuentran las y los migrantes retenidos en las estaciones migratorias de Iztapalapa, Puebla y Saltillo, de acuerdo con el Primer Informe del Observatorio de Migración del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
La organización entrevistó, durante el 2013, a 432 personas en dichos centros, quienes principalmente provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba y cuyo destino, en la mayoría de los casos, buscaban llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de empleo o de la reunificación familiar, o bien, porque en sus países de origen la violencia les orilló a salir de ellos.
Las y los entrevistados refirieron que en el momento de su detención, generalmente a cargo de agentes del INM, fueron recibieron tratos despectivos y discriminatorios e incluso golpes, robos y extorsiones, para posteriormente ser llevados a las estaciones migratorias. Algunos de los entrevistados mencionaron que los elementos de Migración en ocasiones estaban acompañados por miembros del Ejército, Policía y Marina.
En ellas, continuaron los insultos y las agresiones físicas y psicológicas; además de que no se les hacía firmar algún documento a su llegada y, de acuerdo con Insyde, no se les informó sobre los tiempos del proceso de repatriación —por lo que incluso llegaron a estar más tiempo del que marca la ley—, y en pocas ocasiones se les permitió hacer una llamada a familiares o consulados para informar sobre su situación o comprobar su nacionalidad.
El Observatorio de Migración documentó que a la mayoría de las personas no se les hizo saber con qué derechos contaban, que podían solicitar asilo en México, que debían conocer el motivo de la retención y que el transitar por territorio mexicano sin documentos no es un delito, sino una falta administrativa. Además, las y los migrantes que han sido víctimas de delitos, nunca fueron interrogados por elementos del INM para poder ser canalizados a atención médica y psicológica.
El informe destaca que de todas y todos los entrevistados, sólo 9 personas declararon haber denunciado los delitos ante instancias como el INM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Comisiones Estatales de los Derechos Humanos (CEDH), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En este sentido, Insyde extendió una serie de recomendaciones al INM entre las que destaca la unificación de sus protocolos de actuación en retenes y aseguramiento de migrantes, la investigación y sanción de elementos que incurran en violaciones a derechos humanos así como la capacitación de las y los agentes migratorios para que respondan se acuerdo a las necesidades de la población con que trabajan.
Asimismo, la organización instó a las y los agentes del INM a generar mecanismos eficaces para la denuncia de delitos en contra de migrantes y a informar oportunamente a las personas sobre sus derechos y el motivo por el que son retenidos; así como a garantizarles alimentación, atención médica y psicológica adecuada y condiciones dignas de alojamiento durante su estancia.