*OSC instan a Segob y Comisión Nacional de Seguridad a discutir sobre políticas de seguridad
México, DF, 24 de agosto. Luego que el pasado viernes entró en funciones la nueva Gendarmería Nacional, las organizaciones manifestaron preocupación por la falta de información pública sobre esta iniciativa, lo que impidió conocer cuáles serán las facultades y atribuciones de esta nueva corporación, ni establecer controles efectivos para prevenir violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
Definen a la nueva Gendarmería Nacional como un modelo policial que contravendría los estándares de derechos humanos y el enfoque de las políticas de seguridad desde una perspectiva ciudadana. En este sentido, la propuesta de una Gendarmería tendría de plantearse en torno a una reflexión seria sobre las políticas de seguridad, la democracia y los derechos humanos.
Las organizaciones consideraron que la puesta en marcha de una nueva corporación policial, que estará incardinada como parte de una séptima División en la propia Policía Federal (PF), reviste problemáticas en materia de derechos humanos. Ante ello, las organizaciones señalaron que preocupa la naturaleza castrense en la formación de los elementos que integrarán la nueva Gendarmería; por lo que solicitaron información pública oportuna, veraz y disponible que abone a promover el debate público e informado y a limitar la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones y atribuciones de esta nueva corporación policial.
Asimismo, insistieron en la necesidad de asegurar la existencia de controles internos efectivos y contrapesos externos que garanticen un adecuado reclutamiento, formación, entrenamiento y supervisión de sus elementos con base en los principios y los estándares más altos de derechos humanos y de dotarla de un marco normativo que dé sustento a este nuevo cuerpo policial para delimitar con claridad sus funciones y atribuciones y evitar ejercicios discrecionales en sus funciones.
Subrayaron la importancia de adecuar los mecanismos de control civil de la Policía Federal con base en los estándares internacionales y la atención de las recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos en los que la PF está implicada en tanto que persisten las tendencias en su comisión y la falta de mecanismos efectivos para investigar y sancionar a los responsables.
Por todas estas razones, los colectivos y organizaciones firmantes instaron a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad a atender estas demandas, y a las Comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del Senado de la República, a propiciar una discusión amplia sobre las políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.
Entre las organizaciones que firman el comunicado se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Centro de derechos humanos Miguel A. Pro Juárez; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por la paz con justicia y dignidad, Propuesta Cívica; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana).