*Centro Prodh y la CMPDH exigieron al gobierno mexicano esclarecer los hechos ocurridos en manos de militares
México, DF, 24 de julio. Luego de que la agencia de noticias Associated Press (AP) presentara un reportaje donde muestra evidencias que indican que la muerte de 22 personas en el Estado de México a manos de militares, se trató de un fusilamiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) exigieron al gobierno mexicano el esclarecimiento de los hechos.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que han enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la cual, agregaron, “debe ser de carácter público”.
Asimismo, reiteraron que es obligación del gobierno y de la Procuraduría General de la República (PGR) la investigación inmediata, independiente e imparcial de los hechos así como la sanción de los responsables, ya que la agencia precisó que existe evidencia de que elementos del Ejército mexicano colocaron en un paredón (improvisado dentro de una bodega) a 22 presuntos delincuentes y los fusilaron en el Estado de México.
“Un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvo la oportunidad de inspeccionar la bodega donde fueron ejecutadas estas 22 personas, poco antes de que las autoridades estatales la cerraran. No hallaron indicios de balas perdidas que deberían haber dejado soldados que disparasen armas automáticas a distancia. Y según el reportaje de AP, el observador mencionó que no había tampoco señales de disparos efectuados desde el interior”, puntualizó el comunicado.
Recordemos que el pasado 30 de junio, de acuerdo con versiones oficiales, ocurrió un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y supuestos integrantes de una banda delictiva de Guerrero en Tlatlaya, Estado de México, en el que 22 personas perdieron la vida. Tras la presentación del reportaje, el procurador de justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, negó que las muertes fueran resultado de un fusilamiento.
Es por ello que las organizaciones exigieron la investigación, pues “estos hechos que parecieran configurar como ejecución extrajudicial se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico, que cerró el 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en todo el territorio mexicano”.
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