*Activistas exigen derogación de «Ley Bala» y fincar responsabilidades por muerte de menor de edad herido en manifestación
México, DF, 21 de julio. Luego de que pobladores y organizaciones civiles exigieran una explicación por el uso excesivo de la fuerza que emplearon policías estatales para dispersar una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio; Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, envió al congreso poblano una iniciativa para derogar la “Ley Bala”, la cual será discutida el día de mañana.
Activistas, integrantes del Frente por la Libertad y la Protesta Social entre otras organizaciones exigieron —a las afueras de la Oficina de la Representación del estado de Puebla en el DF— un informe público sobre los hechos, ya que el gobierno poblano ha insistido en que los policías estatales no utilizaron balas de goma, a pesar de que pobladores cuentan con pruebas que demuestran lo contrario.
Es importante recordar que en el enfrentamiento dejó como saldo cinco personas heridas, incluido el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, que fue alcanzado por una bala de goma en la cabeza y quien falleció el pasado domingo a causa de las lesiones.
En este sentido, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo un llamado para que se finquen responsabilidades por la muerte de José Luis Tehuatlie, a la que calificó como un “crimen de Estado donde hay responsabilidad directa del gobierno de Puebla, del gobernador Moreno Valle, que fue quien propuso esta legislación y de Facundo Rosas, secretario de Seguridad del estado, quien participó en la implementación y en el desarrollo del operativo”, declaró.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, durante la concentración las y los activistas mostraron artefactos que pobladores de San Bernardino Chalchihuapan recogieron el después del enfrentamiento: latas de balas de goma, partes de penetra barricadas, proyectiles de caucho y latas de gas lacrimógeno cerradas, por lo que lamentaron que en Puebla los elementos de seguridad pública no cuenten con capacitación para utilizar dichos armamentos.
Las y los convocantes a la concentración recordaron que “el uso de la fuerza pública debe ser el último recurso del Estado para restablecer el orden”, por lo que pidieron “suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal (…) el uso de lanza granadas, proyectiles, municiones de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia”.
Asimismo, exigieron la creación de protocolos de actuación policial para evitar que las manifestaciones se conviertan en trifulcas y de una legislación “que se constituya de un modo tangencialmente distinto, es decir, cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones (…) en la que se refleje una discusión pública y social incluyente, en la que se eviten lo más posible las lagunas y los vacíos legales y en la que se respeten los derechos humanos y que se apegue a las convenciones internacionales de las que México es parte”.
14/OVH
*Con información de Sin Embargo, Lado B y E-Consulta