*Redim y Aldeas Infantiles recordaron al Estado mexicano su obligación de respetar el Interés Superior de la Infancia
México, DF, 17 de julio. Luego de que autoridades federales liberaron a cerca de 500 niñas, niños y adolescentes de la casa hogar “La gran familia”, ubicada en Zamora, Michoacán, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Aldeas Infantiles SOS recordaron al Estado mexicano su obligación de garantizar la seguridad y bienestar de las personas liberadas así como de supervisar las instituciones que brindan cuidados alternativos a la niñez y adolescencia privada de cuidados parentales.
Ambas organizaciones externaron —a través de un comunicado— la urgencia de crear un Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia, con el fin de generar y articular políticas públicas, programas e instituciones que atiendan a la niñez. Asimismo, instaron a la generación de un Sistema de Cuidados Alternativos así como de una legislación que regulen los albergues en donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, el comunicado precisa que, de acuerdo con información de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf), en nuestro país hay aproximadamente 412 mil 456 niñas y niños que no cuentan con el cuidado de sus padres, de los cuales cerca de 29 mil se encuentran en las 703 instituciones que dan atención y cuidados de personas menores de edad.
No obstante, también es cierto que no se cuenta con información precisa de cuántas niñas, niños y adolescentes viven en albergues (tanto legales como no registrados) o sobre las condiciones y situación jurídica en que se encuentran, advierte el documento.
“Recordamos que las y los jueces están obligados a atender las directrices de la ONU sobre cuidados alternativos y la Convención sobre los Derechos del Niño que llaman a privilegiar el Interés Superior del Niño (y de la Niña) al tener como primera opción la permanencia con su padre o madre, o con su familia extensa y sólo en casos de excepcionalidad se pueda buscar otra forma de acogimiento familiar o institucional como último recurso, por el menor tiempo posible y sólo bajo supervisión oficial”, puntualiza el comunicado.
La Redim y Aldeas Infantiles señalaron que es precisamente la falta de regulación y supervisión, una de las grandes omisiones del Estado; es por ello que señalaron la necesidad de que las intervenciones en albergues se realicen con estricto respeto a los derechos humanos de la infancia.
En el caso del albergue “La gran familia”, exigieron que a las personas liberadas se les brinde el tratamiento necesario para que puedan recuperarse, que no separen a hermanas y hermanos y que no les trasladen a otras ciudades, para evitar revictimizarles o estigmatizarles al movilizarlos, ya que en México no hay un albergue que dependa del gobierno que cuente con la capacidad de recibir a la cantidad de gente que fue rescatada (seis bebés, 174 niñas, 278 niños y 138 mayores de edad).
Asimismo, las organizaciones llamaron al gobierno a respetar el debido proceso de las personas responsables del albergue y “especialmente, cuidar la cadena de custodia de las instalaciones para recuperar evidencias evitando la impunidad para recuperar evidencias, evitando la impunidad pro un proceso de investigación mal logrado”.
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