*Opinión
Por Simón Hernández León/Centro Prodh/(@simonhdezleon)
A José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo
México, DF, 17 julio. En Puebla asistimos a una disputa entre una forma de gobierno, impulsada por el panista Rafael Moreno Valle, fundamentada en prácticas autoritarias y la represión, frente a una ciudadanía que defiende de múltiples formas sus derechos. Su resolución en favor de una gobernanza vertical o del Estado de derecho tendrá implicaciones a escala nacional. Puebla y su «Ley Bala» son la avanzada en la conformación de una gobernabilidad autoritaria en el país.
La primer semana de julio los juzgados federales aceptaron a trámite amparos ciudadanos contra la «Ley Bala» (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del estado de Puebla), una movilización pacífica en Tehuacán fue disuelta mediante el uso de la fuerza: detenciones y personas heridas fueron los resultados de la primera aplicación de esta Ley.
La segunda tuvo lugar la semana pasada en San Bernardino Chalchihuapan. El saldo es aún más alarmante: más de medio centenar de heridos, entre ellos José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de tan sólo 13 años, quien caminaba por el lugar y hoy se encuentra en un estado de salud crítico. La versión oficial responsabiliza a las y los manifestantes; su madre asegura haber sido presionada para admitir esa versión y afirma que fue herido por un proyectil que provino de los policías.
Estos acontecimientos corroboran que la administración de Moreno Valle no se distingue del modelo priista: la estructura política mantiene una alta concentración de poder en la figura del Ejecutivo que domina a los otros poderes del Estado. Los proyectos de intervención en la zona arqueológica de Cholula, la construcción de un teleférico y una rueda de la fortuna, han permitido verificar la imposición y el autoritarismo, a la que ahora se suma la represión.
Que la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla sea encabezada por Facundo Rosas, cuya trayectoria está marcada por violaciones graves a derechos humanos en contextos de manifestaciones, como la muerte de dos estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, que dio lugar a la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirman que, la óptica de mano dura y de represión, constituyen los mecanismos para hacer frente al disenso, a la movilización y a la manifestación en Puebla.
En México persiste la práctica de desnaturalizar figuras jurídicas para criminalizar las manifestaciones.Una racionalidad instrumental en la que la legalidad es empleada no para garantizar derechos fundamentales sino para perseguir, estigmatizar y castigar a quien protesta. Pero más grave todavía es la creación de derecho con ese propósito. La “Ley Bala” surgió para atajar las críticas a los abusos y como una forma de “regular” el uso de la fuerza. Sin embargo, lo que se ha registrado desde el año pasado en Puebla y en otros lugares del país es la conformación de un andamiaje normativo que legaliza la represión, los abusos y la violencia policíaca.
Pero el modelo autoritario no es sólo personal, es una cuestión estructural. La «Ley Bala» fue aprobada por PRI, PAN y PRD. La responsabilidad de estos operativos es del conjunto de poderes formales, que con estas acciones evidencian una crisis de legitimidad y el temor que tienen frente a la movilización ciudadana en las calles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y la CNDH también son responsables: subejerciendo su mandato no interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra esta Ley; la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CNDH incluso la avaló al señalar que “no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos en dicho ordenamiento”. En suma, hay una responsabilidad de Estado en estas legislaciones regresivas.
La involución es preocupante: a diferencia de décadas pasadas, la represión ya no se focaliza en los opositores al régimen, ahora alcanza a campesinos, estudiantes, trabajadores, ciudadanos comunes que reclaman la vigencia de derechos en el país y que, bajo esta estructura legal, corren el riesgo de ser detenidos, golpeados o encarcelados por defender las elementales libertades democráticas.
La “Ley Bala” constituye hoy día la avanzada en una nueva forma de relación del Estado y la ciudadanía, basada en un modelo de gobernabilidad autoritaria. De mantenerse la tendencia, las legislaciones serán cada vez más restrictivas. Ya no se limitarán a restringir las manifestaciones con permisos, horarios o prohibición de lugares como en Chiapas, Quintana Roo y el Distrito Federal, sino irán hacia un modelo permisivo del uso de fuerza letal, hacia la leybalanización de la protesta.
En esta disputa, el Poder Judicial Federal tiene ante sí un reto significativo ya que los amparos ciudadanos contra esta legislación están en su esfera de competencia. De su definición dependerá la consolidación del modelo autoritario o la recuperación del Estado de derecho.
*Este texto fue publicado inicialmente en el blog La lucha cotidiana de los DH en Animal Político