*La RedTDT documentó 409 agresiones; denunció que la falta de investigación y sanción revela impunidad
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 9 de julio. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT) documentó 409 agresiones (en 104 eventos) en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, entre las que destacan las amenazas verbales, de muerte, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidación, muerte violenta y violaciones al derecho al respeto a la honra y la reputación.
Aunque todas las agresiones han sido denunciadas públicamente —ya sea a través de acciones urgentes, comunicados y boletines— y han sido enviadas a las instituciones procuradoras de justicia, se ha podido constatar en muchas ocasiones la participación de las instituciones públicas en los actos de agresión, debido a la falta de investigación, sanción y castigo.
El informe El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013 presentado la semana pasada por la RedTDT, señala que dichos procesos “dejan al descubierto la impunidad, la corrupción y la colusión de las autoridades con el crimen organizado y otros grupos delincuenciales, así como con empresas nacionales y trasnacionales”. Asimismo, se puede constatar la poca o nula acción del Estado por proteger y garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
La RedTDT precisa en el documento que en 110 de las agresiones, las o los responsables no fueron identificados, es decir, “la información proporcionada habla de la presencia de personas que fueron vistas en la ejecución de las agresiones, pero las víctimas no pudieron identificar su procedencia o su relación con una institución específica”, relata el documento.
En 25 casos donde sí fueron identificados las o los responsables de los ataques, son las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal quienes han agredido a las y los defensores de derechos humanos. Es importante recordar que estos grupos dependen directamente del poder ejecutivo, por lo que resulta preocupante la forma en que éste gestiona el uso de la fuerza y cómo administra la actuación de los cuerpos policiales. En consecuencia “se genera desconfianza en las instituciones del Estado, en particular las de procuración de justicia”.
Basta recordar que durante la marcha del 2 octubre de 2012 en el DF, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes realizaban una misión de observación y documentaban detenciones arbitrarias fueron agredidos por policías capitalinos. Por mencionar otros casos, están las detenciones de integrantes del Albergue Hermanos en el Camino y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y los allanamientos al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y de algunos albergues para migrantes.
El Ejército mexicano también figura dentro de los responsables de 21 agresiones en contra de defensores de derechos humanos, la mitad de ellas “bajo el pretexto de realizar operativos en contra de la delincuencia organizada”, como en el caso del allanamiento al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Coahuila; destacan también las amenazas y hostigamiento contra Obtilia Eugenio, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quien denunció las agresiones por parte de militares contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
Finalmente, las empresas privadas, tanto nacionales como trasnacionales, que construyen en territorios indígenas, también han sido señaladas como responsables de 10 agresiones, entre las que destacan amenazas, hostigamientos, vigilancias, ataques a la reputación y honra y agresiones físicas, principalmente en contra de defensores, activistas y opositores a megaproyectos mineros, eólicos, hidroeléctricos y de personas que defienden derechos laborales.