*Opinión
Por Simón Hernández León | Centro Prodh | @simonhdezleon
El 1 de julio de 2012 fue la fecha del retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, lo que implicó la restauración de estructuras antidemocráticas construidas durante décadas por lo que fue —y sigue siendo— un partido de Estado. La criminalización de la protesta y la ofensiva en contra de las libertades democráticas son elementos constitutivos de esta gobernabilidad autoritaria.
Son múltiples los saldos de la elección de 2012: una transición fallida, la parálisis de una ciudadanía que venía consolidándose por fuera del sistema político e incluso en contra de los límites impuestos por éste; y sobre todo, la restauración del PRI como partido de Estado en un proceso de elección muy cuestionado que profundizó la crisis de legitimidad no sólo del Poder Ejecutivo, sino de las instancias electorales, de los órganos de representación parlamentaria y de los partidos políticos.
Las actuales estructuras estatales distan de representar a la mayoría de la ciudadanía y se han convertido en gestoras de los intereses de las élites. Esta agenda marcada fundamentalmente por objetivos económicos, impacta en la vigencia de los derechos humanos en el país, particularmente de los grupos sociales más vulnerables.
Las reformas estructurales dan muestra de ello, la forma de presentarlas y de realizar su discusión repiten un patrón: realizadas al margen de los grupos que se verán afectados, mediatizadas pero sin discusión de fondo y con recintos parlamentarios cercados a la inconformidad que se expresa tras vallas policiacas. Esto muestra la distancia entre los “representantes” y la sociedad que expresa su repudio por las formas legislativas. Así han sido los procesos de la reforma laboral, educativa y fiscal y actualmente la energética y la de telecomunicaciones.
Por otra parte, la dimensión sustantiva de estas reformas revela su carácter antidemocrático y su construcción bajo una lógica de maximización de las ganancias y de eficiencia del Estado. Por ejemplo, la política que beneficia a la industria minera y que ha concesionado más del 30 por ciento del territorio nacional se desentiende de los costos ambientales, la afectación a las economías locales, la ruptura del tejido comunitario y el despojo de los territorios. Y es esta la lógica que siguen varias de las propuestas de reformas.
Esta agenda sólo privilegia a reducidos grupo económicos y no garantiza los derechos de la mayor parte de la sociedad. De ahí que las movilizaciones se hayan incrementado en el país como muestra de la crisis de representación política y del contenido lesivo de las reformas estructurales. La implementación sin más de esta agenda ha requerido de la represión para desactivar las movilizaciones. Así, el uso de la fuerza se convierte en un medio para eliminar cualquier disidencia.
Pero la restricción del espacio público y la confrontación a las expresiones de disenso no sólo buscan desactivar los conflictos en lo inmediato. A largo plazo, el ejercicio de un poder concentrado implica la descalificación de quienes protestan y mediante su criminalización, romper los vínculos de solidaridad social, generar miedo,e inhibir la movilización.
En contextos de pérdida de legitimidad los sistemas políticos recurren a prácticas autoritarias. El elemento novedoso es la construcción de un andamiaje normativo que“legaliza” la criminalización de la protesta. La “Ley Borge” en Quintana Roo, la “Ley Bala” de Moreno Valle en Puebla, las modificaciones al Código Penal Federal en materia de terrorismo, la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional sobre Estado de excepción o las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones que proponen el bloqueo de señales y la retención de datos, son ejemplo de esta tendencia.
Este proceso no es menor. El ascenso del fascismo alemán, fue posible, entre otras cosas, por la habilitación de leyes que limitaban el derecho de reunión y permitían la disolución de manifestaciones. Las dictaduras latinoamericanas emplearon la descalificación sistemática de los opositores políticos y utilizaron figuras como el Estado de excepción.
El regreso del PRI y la imposición de las reformas estructurales requieren de la habilitación de una gobernabilidad autoritaria. Sin embargo, a dos años del 2 de julio las reformas no han sido aprobadas y la movilización social va en aumento. El resto del sexenio verá la disputa entre la agenda impuesta desde una lógica vertical y una ciudadanía cada vez más crítica que ha hecho de los espacios públicos uno de los lugares de deliberación política y de reivindicación de derechos.
*Este texto fue publicado inicialmente en el blog La lucha cotidiana de los DH en Animal Político