*Oportunidad de establecer parámetros para los derechos de los pueblos indígenas frente a concesiones de megaproyectos
México, DF, 29 de junio. La comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso – Júba Waijín en la Montaña de Guerrero, informó que el Juzgado Tercer Auxiliar de la Sétima Región otorgó un amparo en contra de dos concesiones mineras conferidas a empresas transnacionales que abarcaban cerca del 84 por ciento de su territorio y que fueron entregadas sin consulta, violando acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Ante dicha sentencia histórica, las autoridades agraria, municipales y tradicionales de la comunidad advirtieron que las autoridades federales, en figura de la Secretaría de Economía (SE), impugnaron la resolución del juez, bajo el argumento de que no existe el derecho a la consulta previa en cuestión de concesiones mineras, por lo que en ningún momento se violaron los derechos humanos de la comunidad indígena me’phaa.
Es por ello que las y los habitantes de San Miguel del Progreso hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que “se avoque al conocimiento del caso para que analice por primera vez si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos”, pues recordaron que su Asamblea Comunitaria ya había determinado no dar anuencia a la realización de actividades de exploración y explotación minera desde 2011.
Asimismo, señalaron que solicitaron a la SCJN tomar el caso debido a “que no hay precedentes legales en este tema que ha adquirido una notable importancia social dada la multiplicación de los conflictos sociales originados por el otorgamiento de concesiones mineras en territorios de pueblos y comunidades indígenas”.
Las autoridades de la comunidad me’phaa precisaron que el Máximo Tribunal tiene en sus manos la oportunidad de establecer parámetros para la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a las concesiones destinadas —sin consulta previa— para la construcción de megaproyectos.
Finalmente, advirtieron sobre la urgencia de un análisis a profundidad de la Ley Minera actual, ya que presenta inconsistencias con lo establecido en nuestra Carta Magna. Las y los indígenas de San Miguel del Progreso concluyeron que, de realizarse el análisis, no sólo la Montaña de Guerrero se vería beneficiada, sino que podría ayudar a muchas otras comunidades que se ven afectadas por las concesiones mineras, la cuáles ocupan alrededor de dos millones 173 mil 141 hectáreas de territorios indígenas.
14/OVH