Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 25 de junio. El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan, Estado de México determinó el pasado 12 de mayo que la asamblea de bienes comunales realizada en agosto de 2011 —donde se aprobó el proyecto carretero privado Toluca-Naucalpan— carece de toda validez debido a que no reunió todos los requisitos que exige la Ley Agraria, informaron en conferencia de prensa habitantes de San Francisco Xochicuautla.
Es por ello que las y los comuneros señalaron que el juicio —que duró cerca de tres años— destapará “una caja de pandora”, ya que, al anular la asamblea, se reconocerá la problemática de despojo, criminalización y hostigamiento de defensores de tierras, que viven muchos pueblos indígenas, no sólo en el Estado de México, sino en todo el país; dejando al descubierto “la estrategia de usar a los comisariados de bienes comunales, de dividir y comprar conciencias y de esa forma culminar sus pretensiones”.
Las y los habitantes de la comunidad de San Lorenzo Huizizilapan (una de las más de 10 afectadas por la autopista Toluca-Naucalpan) recordaron que sus tierras comunales son “imprescriptibles, inalienables e inembargables (…) por lo que ningún presidente tiene la facultad de quitarles sus tierras”. En este sentido, mencionaron que interpusieron un amparo contra el nuevo decreto emitido por Enrique Peña Nieto que le permite expropiar terrenos.
Es importante recordar que la población ya habían advertido anteriormente de las inconsistencias encontradas en dicha asamblea así como en las posteriores: En la primera no se reunió el 75 por ciento más uno mínimo de comuneros asistentes, ya que sólo había 109 de 882, quienes al final fueron los que aprobaron —a nombre de todas y todos los habitantes— la construcción de la autopista. En las asambleas siguientes, se requería del 50 por ciento más uno mínimo para que fueran válidas, situación que tampoco ocurrió.
Asimismo, manifestaron su descontento por la excesiva presencia policiaca de los tres niveles de gobierno así como de agentes ministeriales durante las asambleas. Además, señalaron que dichos funcionarios resguardaban las comunidades para que no pudieran ingresar las y los comuneros a las reuniones con las autoridades y los comisariados de bienes comunales, lo que derivó, en numerosas ocasiones, en la falta de asistencia antes denunciada.
De igual forma, las y los pobladores de San Francisco Xochicuautla hicieron un llamado a Enrique Peña Nieto y a Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, para que cese la intimidación, la represión y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad estatal, municipal y federal; e instaron a la sociedad para que “esté pendiente de nuestra causa y que exijamos se detengan de una vez por todas las obras que ilegalmente continúan en las comunidades y la autopista privada Toluca-Naucalpan, ya que el Bosque Otomí-Mexica, su aire, sus árboles, su agua, son responsabilidad no sólo de los indígenas, sino de todas y de todos”, concluyeron.