*Gobernador amedrenta el activismo del CECOP, pues éstos luchan en contra proyecto hidroeléctrico
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 24 de junio. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron al gobierno de Guerrero la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del CECOP detenido el 17 de junio por la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) y quien actualmente se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 4 en Tepic, Nayarit, por el delito de tentativa de homicidio.
Vicente Suástegui Muñoz, hermano del líder guerrerense, informó en conferencia de prensa que Marco Antonio fue víctima de tratos crueles e inhumanos por parte de los elementos policiales que lo detuvieron y que “en pocas horas pasó por tres penales diferentes como si fuera un criminal”. Precisó que su hermano no es ningún delincuente y que, aunque haya sido detenido, el CECOP continuará en la lucha en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Integrantes del CECOP añadieron que días antes de la detención de Suástegui Muñoz, su compañero José Palma también fue aprehendido por el mismo delito, no obstante las autoridades reclasificaron la acusación, quedando únicamente en “lesiones agravadas”, por lo que fue liberado. En este sentido, las y los ejidatarios cuestionaron a la PGJE de Guerrero, pues no aplicó el mismo criterio en el caso de Marco Antonio, lo que deja ver claramente “la línea de criminalización que tiene el gobierno en contra del activista”.
Asimismo, denunciaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero pretende reprimirlos y amedrentar el activismo social del CECOP, ya que ordenó el ingreso a las comunidades Ejército y de las policías Federal y Estatal, quienes frecuentemente los revisan y detienen. Por ello exigieron la salida de dichos elementos de seguridad, ya que no respetan a los pueblos indígenas y vulneran los derechos humanos de las y los pobladores.
Las y los ejidatarios reclamaron la falta de compromiso del gobernador Aguirre Rivero, pues éste —al firmar en 2012 los acuerdos de Cacahuatepec— había prometido no continuar con la construcción de la Presa La Parota para evitar que fueran afectados los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, hoy pretende imponer el proyecto que afectaría a 47 comunidades y ha emprendido una campaña mediática a favor de la presa bajo el discurso de desarrollo y bienestar para las y los habitantes.
Es por ello que el CECOP reiteró la exigencia al gobierno estatal y federal de liberar de inmediato a su vocero y de detener esa tendencia de criminalización de las y los luchadores sociales que defienden sus tierras desde hace casi 11 años ante la imposición del llamado “megaproyecto de la muerte”; ya que, además de que no es la primera vez que Marco Antonio Suástegui es detenido, recientemente ocho compañeros más han sido criminalizados por las autoridades, en el contexto de su lucha social.
Asimismo, Tlachinollan emitió una acción urgente exigiendo la libertad de Marco Antonio Suástegui; y activistas, académicos, defensores, organizaciones civiles entre otros, enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para externar su preocupación por la detención del líder.