*El Relator instó a los tres poderes y niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de la ciudadanía
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 12 de junio. En México, “el derecho a la vida se encuentra gravemente amenazado”, ya que desde 2007 —y en el contexto de la Guerra contra el Narcotráfico— los homicidios aumentaron conforme crecía la presencia militar en diversas zonas del país, denunció Christof Heyns, Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la presentación del informe sobre la visita que realizó a México en 2013.
Heyns, quien visitó Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero y Nuevo León, denunció que la impunidad es un serio problema en nuestro país, tanto a nivel individual como a nivel sistémico, ya que “las vulneraciones al derecho a la vida también son resultado de que no se investigue ni se identifique debidamente a los responsables y que no se les exija que rindan cuenta de sus actos ni se otorgue la reparación a las víctimas”.
En este sentido, el Relator de la ONU advirtió que es obligación del Estado mexicano prevenir, investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos, por lo que instó a los tres niveles y poderes del gobierno a realizar acciones conjuntas que permitan, en primer lugar, crear los mecanismos adecuados para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía, sin tener que recurrir a la militarización de las fuerzas policiales; y en segundo, lograr la tipificación del delito de homicidio a nivel nacional.
Dentro del documento, el Relator hizo referencia a los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extraoficiales ocurridas en México durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”: externó su preocupación sobre la falta de investigación, sanción y reparación a los familiares y víctimas de los múltiples crímenes cometidos por el Estado entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta.
Asimismo, Christof Heyns expresó que parte de su informe se basó en la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, principalmente en los temas de la falta de investigación y de sentencias condenatorias en asesinatos cometidos por autoridades federales y estatales así como la complicidad de éstas con el crimen organizado.
De igual forma, precisó que las organizaciones le hicieron llegar las irregularidades que existen en las averiguaciones de homicidios, pues defensores y familiares denunciaron que las autoridades no los toman en cuenta en las investigaciones, no les permiten el acceso a los expedientes, manipulan las pruebas y evidencias, y que, además, los servicios forenses no son suficientes ni efectivos para los casos de homicidio.
Heyns destinó parte de su informe a los casos de ejecuciones extrajudiciales de grupos en situación de vulnerabilidad: exigió la tipificación del feminicidio en todos los códigos penales del país así como la investigación de este crimen y su relación con otros actos de violencia de género. Lamentó además que los lugares con mayores índices de feminicidio sean los que cuentan con despliegue de militares que realizan labores policiales.
El Relator deploró que no exista un registro de cuántas personas migrantes han sido asesinadas en su paso por México, aunque informó que la sociedad civil le hizo saber que la mayoría de los asesinatos son cometidos por el crimen organizado en complicidad con las fuerzas del orden público; por lo que instó al Estado a garantizar el tránsito de migrantes, mediante la creación de “un corredor seguro”. Asimismo, recomendó el trabajo conjunto con Centroamérica para crear una base de datos de migrantes desaparecidos y asesinados.
Otro grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad es el de periodistas y defensores de derechos humanos, pues se sabe que de 2000 a la fecha, 83 informadores han sido asesinados y que desde 2005, 18 activistas han muerto de manera violenta. El Relator cuestionó la eficacia de los mecanismos de protección para estos grupos e instó al gobierno a garantizar la labor de periodistas y defensores, sobre todo de los que actúan en zonas de riesgo.
Respecto a las niñas, niños y adolescentes asesinados en México, señaló que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cifras ascienden a 994 menores de edad víctimas de homicidio —únicamente entre 2006 y 2010—. Puntualizó que en ocasiones, el Estado se ha deslindado de tomar acciones, argumentando que los menores de edad asesinados habían sido reclutados por el crimen organizado; no obstante, el Relator enfatizó que es obligación del gobierno investigar y sancionar los homicidios en contra de niñas, niños y adolescentes.