*Opinión
Por Víctor H. Carlos/Centro Prodh
México, DF, 12 de junio. Nuestro país se caracteriza por el alto grado de impunidad que prevalece, no sólo frente a los delitos comunes, cuestión ya de por si grave, sino también en relación con lo que llamamos crímenes de Estado, especialmente los cometidos en el pasado, ya que implica adicionalmente el paso de un tiempo más que suficiente para haber sido resueltos.
Cuando el país intentó transitar a la democracia, en el año 2000, más que por el triunfo de Vicente Fox, por la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder ejecutivo federal, se llegó a pensar ingenuamente que una cadena de buenas noticias y nuevas prácticas iniciaría. Si bien algunas intenciones, más o menos buenas se expresaron, la transición democrática nunca se dio.
Una de las pruebas más contundentes de ello es la impunidad que prevalece en los crímenes de Estado cometidos en el pasado. Desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, delitos que fueron cometidos por agentes estatales o con la omisión o aquiescencia de ellos, cuyas víctimas generalmente eran líderes sociales con exigencias legítimas frente a un sistema autoritario.
Justo en estos días se conmemoró 43 años de lo que se ha llamado el halconazo. El 10 de junio de 1971 una marcha estudiantil fue reprimida de manera violenta por cuerpos policiacos y militares entrenados con fines paramilitares. A estos grupos de choque se les llamó halcones, de ahí en llamar el halconazo a este hecho trágico de la historia reciente de nuestro país.
Los halcones ejercieron violencia sobre las y los participantes en la marcha, confundiéndose entre los estudiantes y lesionándolos en diversos momentos. Al mismo tiempo francotiradores apostados en diferentes lugares abrieron fuego contra quienes ahí marchaban buscando ejercer pacíficamente su derecho a la libre manifestación pública. El resultado fue detenciones arbitrarias y un número indeterminado de muertos y heridos.
Estos hechos siguen impunes. Nadie ha sido condenado por estos delitos, los hechos no han sido totalmente esclarecidos, nunca se reparó el daño generado por el Estado y medidas de no repetición no fueron implementadas.
Esta impunidad es referente propicio para que los crímenes de Estado se sigan cometiendo, sin el acceso a la justicia y la condena y sanción a los responsables, se perpetua la tolerancia a la represión, la violencia estatal y la imposibilidad de alcanzar una sociedad plenamente democrática.
Y es justamente en este contexto de violencia estatal sin límites, que la impunidad prevalece y se manifiesta también en uno de los crímenes de lesa humanidad que aquejan a nuestro país como nunca antes, la desaparición forzada.
El Centro Prodh, junto con otras organizaciones preparó un informe para el Comité contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, denunciando la incapacidad del Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar, reparar el daño.
Miles de familias en nuestro país exigen hoy la aparición con su vida de alguno o algunos de sus integrantes. La respuesta del Estado ante tales hechos es más que infame, intolerante y negligente. En muchos estados ni siquiera está tipificado el delito de desaparición forzada, en donde lo está, las fiscalías o Ministerios Públicos hacen que las y los denunciantes se pierdan en una burocracia casi irreal, les hacen sentir culpables e incluso criminalizan a las víctimas directas.
México, el país de la impunidad, exige, reclama de las autoridades, de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes el cumplimiento de los estándares más amplios en materia de justicia transicional y crímenes de Estado.
La impunidad de ayer y hoy no tiene porque prevalecer en el mañana, nuestra sociedad, en su pretensión de caminar a la justicia y la democracia, deberá tener mecanismos adecuados de investigación y acceso a la justicia, que permitan, porque es su obligación, que nunca más una persona sufra de desaparición forzada, que nunca más una persona sea torturada, que nunca más una persona sea detenida arbitrariamente, que nunca más un crimen de Estado quede en la impunidad.