*El agresor actualmente es presidente del Comité para prevenir el feminicidio en SLP
México, DF, 26 de mayo. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió a las autoridades de San Luis Potosí (SLP) realizar las investigaciones necesarias para asegurar el acceso a la justicia y la reparación del daño a la defensora Diana, quien en junio de 2012 fue víctima de abuso sexual por parte de Ramón Ortiz García, entonces presidente de la organización en que laboraba: Enfoque de Igualdad AC y actual presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en el estado.
La defensora denunció que se vio obligada a salir del estado debido al constate hostigamiento por parte de su agresor y de miembros de la organización y que ha sido objeto de violencia institucional por parte de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de SLP, quienes, además de revictimizarla, insisten en cuestionar la persistencia de su demanda, la cual fue ratificada un año después de los hechos.
La defensora señaló también que, tras meses de insistencia, cuando recibió los resultados de su peritaje psicológico —el cual no se realizó bajo los protocolos correspondientes—, se percató de que había declaraciones que no había realizado, que no existía firma de consentimiento informado por parte de la defensora y que había sido expedida meses después del tiempo establecido.
Si bien Ramón Ortiz García cuenta con una trayectoria de trabajo a favor de los derechos humanos en SLP, el abuso sexual no puede ser tolerado en ninguna institución, organización o espacio, sin importar la persona de quien se trate, advirtió la RNDDHM. Asimismo, la organización se manifestó a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y exigió que las defensoras de derechos humanos ejerzan su labor en condiciones de seguridad e igualdad.
Finalmente, la red de defensoras instó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de SLP “a estar atenta y vigilante de que durante dicho proceso los derechos humanos de las personas involucradas sean garantizados y que inicie las investigaciones necesarias para coadyuvar en el esclarecimiento del caso y el acceso a la justicia para la defensora”.
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