*En Puebla, Chiapas y Quintana Roo se aprobaron leyes que justifican el uso de la fuerza pública
México, DF, 26 de mayo. A Peace Brigades International – Proyecto México (PBI México) le preocupa la tendencia a restringir los derechos a la libertad de expresión y la protesta social en distintos estados de México y, en consecuencia, a limitar la labor de personas defensoras de los derechos humanos en el país. Esto, luego que en Puebla, Chiapas y Quintana Roo se aprobaron leyes que justifican el uso de la fuerza pública.
PBI México realizó un recuento. El 19 de mayo, el congreso de Puebla aprobó la llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado y autoriza el uso de armas letales para dispersar manifestaciones. Además, el 15 de mayo el congreso de Chiapas aprobó una iniciativa que permite los operativos preventivos en caso de que una manifestación “se torne violenta”.
A fines de abril, en Quintana Roo se aprobó la nueva Ley de Ordenamiento Cívico, que prevé que la administración pública “tomará las medidas necesarias” para controlar manifestaciones. Asimismo, en el Distrito Federal órganos legislativos a nivel local y federal han debatido iniciativas para regular la protesta social. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha indicado que dichas iniciativas tienen un enfoque “prohibicionista”, a través del cual “lejos de fomentarse y protegerse los derechos de reunión, manifestación y protesta social, se utilizan métodos represivos y criminalizantes”.
PBI ha observado con fuerte preocupación estas recientes iniciativas legislativas, que pueden tener un impacto directo sobre el derecho de las personas defensoras de derechos humanos de llevar a cabo su legítima labor, y reconoce el derecho de defensoras y defensores de reunirse y manifestarse pacíficamente, como ha expresado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.
Por ello, la organización insta al Estado mexicano a garantizar y proteger los derechos a la protesta social, a la reunión y a la libertad de expresión reconocidos a nivel internacional y nacional. Asimismo, llama a las autoridades federales y estatales a llevar a cabo procesos de diálogo y consulta con la sociedad civil mexicana al momento de regular dichos derechos.
Debido a este contexto, diversas organizaciones han conformado el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que recientemente emitió el informe “Control del espacio público: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual Gobierno”.
El Frente ha condenado la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que regula el estado de excepción y da un “margen amplio de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para justificar el establecimiento de la suspensión de garantías, posibilitando así su utilización política con propósitos de control social y criminalización de la protesta”.