*Denuncian recrudecimiento en las leyes y en los castigos a personas detenidas en contexto de manifestaciones
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 25 de mayo. El Movimiento #YoSoy132 y la Liga de Abogados 1° de Diciembre se pronunciaron contra el Estado mexicano y su intención de promulgar leyes “mordaza” para censurar el derecho a la manifestación y a la libre expresión y cuyo principal objetivo es criminalizar la protesta social.
“Se está materializando un terrorismo de Estado, donde se reprime a través de las leyes y se utiliza el aparato estatal para callar a las y los manifestantes”, sin embargo, no se puede reglamentar el descontento social, denunció el abogado de la liga, Guillermo Naranjo.
Diana Mota, integrante del Comité Jurídico y de Derechos Humanos (Cojudh) 132 precisó que desde el primero de diciembre de 2012 “las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta en todo el país, y en específico en el DF, han ido empeorando”:
“El DF como sede de los tres poderes de la unión, es el espacio público por excelencia para el ejercicio del derecho a la protesta. Personas de todo el país acuden a esta capital reclamando actos u omisiones realizado por las autoridades, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de leyes que les afectan directamente, en búsqueda de justicia o movidas por cualquier otro motivo en el que los tres poderes o alguno de ellos estén inmersos”, declaró la activista.
Es preciso recordar que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-F) elaboró un “Protocolo de actuación policial”, en donde se jerarquiza el derecho a la movilidad sobre el de la libre manifestación y se faculta a la SSP para hacer uso de la fuerza para desarticular protestas. También destaca la aún no aprobada Ley de Movilidad del DF, que pretende regular las marchas en la ciudad.
A estas legislaciones se suman las iniciativas aprobadas por los congresos de Quintana Roo (Ley de Ordenamiento Cívico), San Luis Potosí (Propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros), Chiapas (Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado) y Puebla (Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales).
Las y los integrantes de #YoSoy132 advirtieron que dichas leyes son regresiones a los derechos civiles y dan muestra de la “progresiva indefensión (persecución, encarcelamiento ilegal, difamación, agresión) en la que actualmente se encuentran los activistas en todo México”, señaló Luz López.
Las y los activistas exigieron el alto a estas iniciativas que buscan aterrorizar a la ciudadanía y censurar la libre expresión, ya que las autoridades locales cada vez son más estrictas con los procesos judiciales en contra de las personas que han sido detenidas en contexto de manifestaciones, pues además de atribuirles delitos que no cometieron, las condenas a cumplir y/o las fianzas por éstos no corresponden con las infracciones imputadas.
De igual forma evidenciaron el rol que han jugado dentro de la criminalización de la protesta social instancias como el Gobierno Federal, ya que cada que es discutida alguna reforma o legislación secundaria que provoca manifestaciones, «los recintos del poder legislativo federal son vallados e importantes contingentes de elementos de la policía federal son acantonados detrás de las mismas».
Finalmente, denunciaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación —a través de la interpretación de principios y ordenamientos— ha reducido el alcance de principios y legislaciones garantes de derechos humanos.