*Piden no descartar la posible relación del crimen y los esfuerzos de Sandra por encontrar a su hijo desaparecido
México, DF, 22 de mayo. Amnistía Internacional (AI) condena el asesinato de Sandra Luz Hernández que tuvo lugar el pasado 12 de mayo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La defensora fue baleada en la vía pública cuando iba en camino a una cita con una persona quien presuntamente tenía información sobre la desaparición de su hijo.
Luego de las autoridades estatales difundieron que el presunto responsable del asesinato confesó ser el autor material del crimen y que lo cometió debido a un problema personal con la víctima, AI, insta por una investigación de la más alta calidad, con pruebas sólidas y sin depender de la confesión del presunto implicado. La organización considera que es “esencial asegurar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos sin recurrir a las violaciones de derechos humanos”.
Lo anterior, porque Amnistía Internacional ha documentado en otras ocasiones el uso de confesiones obtenidas mediante coacción, con el objetivo de poder presentar rápidamente ante la opinión pública a presuntos culpables; es imprescindible que este patrón no se repita, enfatizó.
Las autoridades deben demostrar la credibilidad de su investigación, incluyendo el móvil del homicidio, y procesar a todos los responsables respetando sus derechos humanos. Se considera fundamental que durante las investigaciones no se descarte la posible relación entre el crimen y los esfuerzos de Sandra Hernández de encontrar a su hijo desaparecido, Edgar Guadalupe García.
Amnistía Internacional también insiste en que las autoridades esclarezcan la desaparición de Edgar García, ocurrida el 12 de febrero de 2012. Sandra Hernández era quien mantenía viva la búsqueda de su hijo desde entonces, sin que las autoridades realizaran una investigación efectiva. La defensora de derechos humanos también colaboraba con otros familiares de personas desaparecidas, junto con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, para lograr la tipificación de la desaparición forzada en el código penal del estado.
Al parecer, poco antes de su asesinato, Sandra Hernández había obtenido información sobre los posibles responsables de la desaparición de su hijo.
El asesinato de Sandra Hernández muestra otra vez los peligros que enfrentan los familiares de las miles de personas desaparecidas en México. Frecuentemente están obligados a asumir un papel central en la investigación del destino o paradero de sus seres queridos frente la omisión, complicidad o falta de capacidad de las autoridades.
«Este trágico asesinato debe ser un catalizador para que los gobiernos estatales y el federal tomen en serio este problema e implementen medidas eficaces para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas, independiente de que los presuntos responsables sean funcionarios públicos o particulares», puntualizaron.