*Más de la mitad de las y los trabajadores están en la informalidad o en “condiciones críticas de ocupación”
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 20 de mayo. El escenario para las y los trabajadores de nuestro país actualmente es complicado ya que gracias a las reformas impulsadas por Enrique Peña Nieto “nos encontramos ante un despojo múltiple, no sólo en lo material, sino también en la capacidad de participar en cualquier asunto público”, alertó Raquel Gutiérrez Aguilar, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) durante la presentación del XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).
La organización documentó alrededor de una decena de casos donde se vulneran —e incluso desaparecen— algunos derechos humanos laborales a raíz de las reformas laboral, energética, fiscal y educativa; asimismo, presenta “el esfuerzo heroico y creativo de los trabajadores para reivindicar su derecho a establecer las condiciones en que sea posible construir la vida que se quiere vivir”.
David Foust Rodríguez, miembro del Centro de Acción y Reflexión Laboral precisó que aunque las autoridades han declarado que la tasa de desempleo en México es baja, —sólo cinco por ciento de la población económicamente activa (PEA) no cuenta con un trabajo—, poco se sabe sobre las condiciones precarias en que el gobierna genera fuentes de ingresos: El informe muestra que 12 por ciento de la PEA se encuentra en “condiciones críticas de ocupación” y que alrededor del 58-59 por ciento de la PEA trabaja en la informalidad
Manuel Fuentes Muñiz abogado y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) declaró que la actual Ley Federal del Trabajo plantea “una mayor impunidad patronal”, que afecta de manera grave a las y los trabajadores, debido a la creciente aparición de empresas de outsourcing, de contratos temporales (que muchas veces derivan en despidos sin que se finque responsabilidad al o a la contratante) así como de pagos que no corresponden al número de horas trabajadas. Indicó que en el estudio puede verificarse el empeoramiento del contexto de trabajo para la gran mayoría de la población mexicana, en particular de sectores como los jóvenes y las mujeres.
En este sentido, advirtió además sobre la ausencia de una institución especializada que responda de manera inmediata a las denuncias de violaciones a los derechos laborales, y que cuando las y los trabajadores deciden demandar, los procesos se tardan alrededor de siete años, lo que implica un desgaste.
Uno de los casos presentados en el informe es el de las deficiencias en las inspecciones de la región carbonífera de Coahuila: Cristina Auerbach Benavides, integrante de Pastoral Laboral y de Familia Pasta de Conchos señaló que el presupuesto de este año para el estado fue de más de 26 millones de pesos, de los cuales el 82 por ciento (alrededor de 21 millones) se destinó a salarios.
No obstante, la activista constató que los más de 4 millones y medio restantes no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los inspectores: equipos de seguridad, vehículos, computadoras, oficinas, principalmente; por lo que anunció que el informe sobre la región será presentado próximamente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).