*La empresa AUTOVAN y los tres niveles de gobierno han impulsado el acoso y hostigamiento constante
México, DF, 14 de mayo. A un año de que el Estado mexicano intentó desintegrar la lucha de la comunidad indígena Ñätho de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, donde fueron destruidos sus cultivos y 14 personas de la comunidad fueron injustamente aprehendidas, el Comité de Apoyo en Defensa del Bosque Otomí-Mexica, reitera su lucha por la defensa de su territorio ante la imposición del proyecto carretero Toluca-Naucalpan desde hace siete años.
Mediante un comunicado el Comité manifestó su repudio hacia la empresa AUTOVAN, S.A. de CV y los tres niveles de gobierno, pues han impulsado el acoso y hostigamiento constante, sobre todo cuando ejercen su derecho a manifestarse contra el proyecto carretero.
Como ejemplo de esto, destacaron que durante la Asamblea agraria llevada a cabo el 14 de abril de 2014 para la elección del nuevo comisariado de bienes comunales, hubo excesiva presencia de granaderos, y los accesos carreteros a la comunidad fueron bloqueados; además se sometió a revisión a cualquier persona que pretendiera ingresar. El Comité señaló que estas acciones amedrentan la participación libre y autónoma en las asambleas e infunden temor a la población.
“Reivindicamos el ejercicio real de los derechos de los pueblos de México para su autodeterminación, su participación en la toma de decisiones respecto a los proyectos mal llamados de desarrollo, la autonomía y libertad de sus asambleas, así como el respeto a su territorio y su cultura”, puntualizaron.
La lucha contra la imposición
Desde hace siete años la comunidad indígena Ñätho de San Francisco Xochicuautla se encuentra en lucha por la defensa de su territorio ante la imposición del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, el cual responde a una estrategia de gran escala para el traslado de mercancías provenientes de Estados Unidos por el territorio mexicano, utilizándolo como patio de maniobras que benefician intereses económicos y políticos de unos cuantos.
Este proyecto ha sido respaldado y promovido por los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, operando el mismo a través de la empresa AUTOVAN, S.A. de CV. Todos ellos, en conjunto, han violentado de manera sistemática y permanente las leyes y los derechos humanos de los pueblos y comunidades que habitan dentro del trayecto carretero proyectado.
Dichas violaciones han consistido en el incumplimiento de los instrumentos legales nacionales e internacionales que protegen a los pueblos y comunidades indígenas y agrarias de México. Como su derecho a ser notificados sobre del proyecto, a la participación en la toma de decisiones respecto a su territorio, de garantía a un medio ambiente sano y de autodeterminación sobre sus formas y procesos de desarrollo.
Entre otras se encuentran: la manipulación, control y asedio de sus asambleas agrarias; la corrupción de delegados y comisariados de bienes comunales; la compra ilegal de territorio a través de engañosas ofertas de dinero a cambio de la cesión de derechos agrarios y de propiedad privada.