*Las víctimas que denuncian tortura tienen que aportar pruebas y enfrentan procesos exhaustivos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- La tortura es un “método de investigación” al que recurren los cuerpos policiales y Fuerzas Armadas en nuestro país, en donde actualmente no existe alguna sentencia contra los responsables, señaló Johana Sánchez del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, durante el Foro: Tortura e impunidad en México, que se llevó a cabo ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La tortura es una constante que no está siendo denunciada por miedo o bien porque las víctimas no son conscientes de que es un delito, pues piensan que es «normal» que los policías actúen de esa forma, enfatizó Sánchez.
Asimismo, indicó que cuando las víctimas deciden denunciar, se enfrentan a múltiples dificultades, pues tienen que recurrir a los Ministerios Públicos, donde seguramente están adscritos los agentes policiales que las torturaron. Otras veces, señaló Sánchez, durante el proceso penal, las y los abogados omiten el tema de la tortura debido a lo tardado y exhaustivo que resulta el comprobarla; además de que, en la mayoría de los casos, es la misma víctima quien tiene que aportar todas las pruebas.
En este sentido, Denise González Núñez del Centro Prodh, explicó que para ratificar si hubo tortura o no durante la obtención de una confesión, se recurre a la aplicación del Protocolo de Estambul, sin embargo, en nuestro país son los mismos elementos de seguridad pública (quienes torturan) los que realizan el Protocolo, por lo que el resultado siempre será negativo.
González añadió que, “aunque la respuesta haya sido negativa, esto no significa que no haya habido tortura, sino que debe corroborarse con más elementos”.
Al cuestionarle los asistentes sobre las principales “motivaciones” del Estado para torturar, González Núñez respondió que una de ellas es la presión que siente ante el reclamo de la sociedad que exige un cambio y un alto a los delitos: “Sabemos que en México se vive un clima de mucha inseguridad (…) el Estado siente presión y lo que le resulta más fácil y rápido es utilizar chivos expiatorios, detener a cualquier persona, y donde lo único que se tiene que hacer es torturarla para arrancarle una confesión”.
También mencionó, que dentro de ese mismo contexto de inseguridad surgen numerosos movimientos sociales y grupos que exigen el respeto a sus derechos; y que suponen una “incomodidad” para las autoridades, por lo que para calmar la situación, el Estado detiene a los líderes, los criminaliza, les fabrica pruebas y los somete a procesos injustos hasta sancionarlos.
Durante el foro se destacaron diversos casos, como el de Claudia Medina Tamariz, quien fue detenida arbitrariamente y torturada física, psicológica y sexualmente por marinos en 2012 con el fin de que se declarara integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación; el del migrante hondureño garífuna Ángel Amilcar Colón Quevedo, quien fue detenido y torturado física y psicológicamente en Tijuana en 2009 por agentes federales.
El caso de los hermanos Enrique y Adrián Aranda, detenidos y torturados en 1996, acusados del secuestro de Judith Gómez del Campo (prima de la esposa de Felipe Calderón) y de Lorena Pérez Jácome (hija de Dionisio Pérez Jácome, ex-vocero de Ernesto Zedillo); Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM —actualmente recluido en el Cefereso 2 de Puente Grande en Jalisco—, quien fue detenido arbitrariamente y torturado por agentes federales hace casi un año y acusado del secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El foro fue convocado por la organización autónoma estudiantil El Tribuno Popular, con el objetivo de informar y concientizar acerca de la práctica de tortura.