• Hubo violaciones graves de derechos humanos, pero éstas son imputables a policías y no a mandos, concluye Azuela.
• El proyecto de dictamen fue subido integro ayer a la web; cancelan sesiones públicas del 7 al 13 para estudiarlo.
El día de ayer fue subido a la web el proyecto del Ministro Mariano Azuela sobre la investigación que sobre el conflicto social ocurrido en Oaxaca durante el año 2006. Como nuestros lectores recordarán esta investigación la realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con apego a las facultades que le confiere el artículo 97 constitucional y que contempla una facultad no jurisdiccional de la SCJN para investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos. Ello quiere decir que las conclusiones a las que llegue no serán actuaciones judiciales, en la medida que no podrán juzgar a ningún responsable, aún cuando sus conclusiones se harán llegar a las autoridades correspondientes. Por esta limitación se ha debatido mucho en años recientes sobre esta facultad, en función de que su uso se ha hecho extensivo.
La prensa del día de hoy destaca que el dictamen del Ministro Azuela considera que hubo violación generalizada de las garantías individuales, pero que éstas no son imputables al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, ni al entonces presidente Vicente Fox, sino a funcionarios públicos menores. De la misma manera destaca que las víctimas de violaciones a los DH, fueron especialmente aquellas que no estuvieron vinculadas al conflicto. De manera indirecta y sin mencionar el nombre de ninguna organización, responsabiliza a la APPO al considerar que los gobiernos local y federal estaban “intentando solucionar mediante vías y propuestas idóneas” el conflicto desatado en junio tras el violento desalojo de un plantón magisterial. En este sentido señala que “se fue contaminando el proceso de solución, al grado que se llegaron a formular exigencias que no podía cumplir la Federación, como era la salida del gobernador”.
En cuanto a la responsabilidad de Ulises Ruiz sólo le hace un “reproche” por “el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales, como el que tuvo verificativo en el municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada”. La SCJN suspendió sus sesiones públicas desde hoy hasta el martes 13 con la finalidad de estudiar el proyecto de Azuela.