El hecho de que la mayoría de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos en contra de activistas tengan que ver con asuntos de defensa del medio ambiente comprueba que tanto el Estado como las empresas están dispuestos a aplicar una política de terror para continuar despojando a las comunidades de sus recursos naturales, afirmaron miembros de organizaciones sociales. La Jornada
