Ayer fue publicado en la Gaceta oficial del Gobierno del Distrito Federal el Acuerdo 17/2013 por el que se expide el Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la detención de infractores y probables responsables. Esta medida busca dar respuesta a las críticas desde diversos organismos de la sociedad civil y desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las violaciones a los derechos de detenidos, así como por los vicios que se generan en los procesos producto de las presentaciones a prensa de presuntos responsables. Recordemos que el pasado 14 de marzo, tuvo lugar en Washington DC una audiencia en el marco del 147º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este tema. Este es un tema que ha confrontado a activistas de derechos humanos y funcionarios públicos durante algunos años. El acuerdo es vigente a partir del día de hoy.
El protocolo establece los parámetros oficiales aceptables para la detención de presuntos responsables. Entre otras cosas señala que para efectuar detenciones se debe sorprender en flagrancia a la persona o ejercitar un mandato judicial. Autoriza la utilización de esposas (las llama candados de mano) y señala que los agentes policíacos deberán iniciar con la persuasión y, en caso de encontrar resistencia, utilizar progresivamente la reducción física de movimientos, armas incapacitantes no letales, e incluso armas de fuego, aunque señala que el uso de la fuerza debe apegarse a los principios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
La presentación pública de presuntos responsables es un tema que se vincula de manera muy estrecha con el de la presunción de inocencia. En el marco de la información publicada en diversos medios el día de hoy por este nuevo protocolo, se muestran fotografías de diversos periodos de la historia en donde los detenidos eran presentados con armas y en posiciones teatrales que daban verosimilitud a la presunta culpabilidad de los presentados. Sin embargo, durante el sexenio anterior, en el contexto del incremento de la violencia en todo el país, la presentación pública de detenidos se convirtió en una herramienta de legitimación pública que fue utilizada tanto por autoridades federales como de los Estados de la República y del Distrito Federal.
Organismos públicos como la CDHDF y organizaciones civiles como FUNDAR, el CIDE, y especialistas como Miguel Sarre han sido enfáticos en sustentar la crítica a esta forma de acción por parte de las autoridades de impartición de justicia, sin embargo, fue hasta la crisis generada por el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez que desde espacios oficiales se le ha dado importancia al asunto. Precisamente el factor fundamental para que el proceso contra Cassez fuera invalidado y decretada su libertad fue un montaje televisivo orquestado por la SSPF encabezada en su momento por Genaro García Luna.
Durante la audiencia de marzo pasado ante la CIDH, el organismo interamericano calificó de inaceptables estas presentaciones públicas. En el mismo espacio Jorge Antonio Mirón, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría capitalina PGJDF aseguró, según reportó Reforma, que esta práctica había tenido efectos positivos pues, según él, ha fortalecido el derecho a la información de la ciudadanía con lo que se ha garantizado un efectivo interés social y público.
Hoy se publicó en diversos medios las primeras reacciones al protocolo. Jaqueline Sáenz, abogada de FUNDAR, señaló en entrevista con Reforma que el protocolo sólo regula las presentaciones y la petición es que se eliminen por completo. «En la audiencia [ante la CIDH] pudimos observar cómo los comisionados eran muy claros, es decir, que no bastaba con regular la práctica, sino que tenía que ser derogada. (…) Afirmaban que presentar datos personales continuaba violando derechos humanos». Tras la creciente percepción de una perspectiva policiaca en gran parte de las acciones de gobierno en la Ciudad de México, parece que el GDF está dispuesto a jugar a las simulaciones para evitar su desgaste ante la opinión pública, pero no a respetar de manera plena los derechos humanos.