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Comisión Independiente de DH de Morelos y AI exigen investigación por abuso.
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Gómez Mont afirma que abusos militares son “problema lingüístico”.
Tras una semana que estuvo marcada por temas relacionados con la militarización que se ha vivido en el país a partir de la década de los noventa, podemos ubicar algunos posicionamientos relevantes para tratar de entender la problemática de manera amplia. Por una parte, y como respuesta desde el movimiento de derechos humanos al abuso militar que relatamos ayer en estas mismas páginas, La Comisión Independiente de DH de Morelos exigió investigar los hechos y anunció que Amnistía Internacional (AI) ha emitido una Acción Urgente al respecto. El organismo internacional reconoce en el documento que “Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23, fueron detenidos arbitrariamente en el estado de Morelos, en el centro de México, y fueron torturados por soldados. Los dejaron en libertad unas horas después, pero los amenazaron diciendo que, si denunciaban el incidente, correrían peligro”. Para contextualizar la información, AI recuerda que “los informes sobre abusos por parte del ejército –incluidos homicidios ilegítimos, torturas, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales– se han multiplicado por seis entre 2006 y 2008. Estos casos son investigados y juzgados sistemáticamente en los tribunales militares, que no garantizan una investigación imparcial e independiente y, por ello, proporcionan impunidad a la gran mayoría de los responsables”.
Por otra parte durante una conferencia de prensa en el IFE relacionada con la nueva cédula de identidad, el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont atribuyó la percepción de impunidad en cuanto a los abusos militares a un “problema lingüístico”, pues dentro de los proceso de la justicia militar “con ese nombre no se les denomina, mucho de esto es un problema de etiquetamiento o de nominalidad”. Cabe señalar que el argumento es una falacia pues, nadie “habla del delito de violaciones a los derechos humanos”, como afirmó el secretario, pues ello es un absurdo. Los derechos humanos están garantizados por el título primero de la Constitución y por los tratados internacionales firmados por México y tienen denominaciones específicas. Por otra parte Gómez Mont sabe perfectamente eso, pues cursó una maestría en DH por la UIA, por lo cual sus declaraciones tienen el objetivo expreso de generar confusión en la opinión pública. La CNDH, por su parte dijo hoy que “sacar al Ejército mexicano de esa lucha, sería una locura”.
Finalmente diversas notas periodísticas confirman hoy la información mencionada aquí ayer sobre la relación entre el Estado mexicano y los paramilitares en el Estado de Chiapas. La información cita un cable oficial del departamento de Defensa de EU que afirma que la estrategia contemplaba “asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas”.