La venta de acreditaciones de promotores o investigadores en derechos humanos realizada por la Confederación Mundial Pro Derechos Humanos Segura AC, podría incurrir en el delito de falsificación de documentos, ya que no cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que este organismo presentó ayer una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
De acuerdo a declaraciones hechas por Leticia Escandón al diario La Jornada, la consejera jurídica de la CNDH , aseguró que la mencionada organización no tiene ninguna relación con la institución.
«Vamos a presentar denuncias penales, porque consideramos que se materializa el delito de falsificación de documentos, como establece el artículo 244 del Código Penal Federal, que sanciona a quien se atribuya o extienda documentos falsos con investiduras que no tienen. Hago hincapié en que la CNDH de ninguna manera faculta a nadie a realizar conductas de lucro», enfatizó.