Con insistencia, diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, han denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por militares. Estas denuncias y la exigencia de poner un alto a tales violaciones ha crecido desde que el ejército participa más activamente en tareas de seguridad pública.
La situación se agrava debido al sistemático rechazo gubernamental a establecer controles sobre el ejército, de manera destacada por la oposición a restringir el fuero castrense a casos relacionados exclusivamente con la disciplina militar.
El día de hoy diversas organizaciones, mexicanas y estadounidenses, que han seguido de cerca la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, han hecho un llamamiento al gobierno de este último país para que retenga los fondos de la Iniciativa Mérida ya que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos básicos de derechos humanos contenidos en dicho paquete de asistencia.
A continuación el enlace a las dos versiones del documento difundido hoy: