El día de ayer, los ministros y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron la discusión sobre el fuero militar. En su exposición, el ministro José Ramón Cossío argumentó que la presencia de las fuerzas castrenses en las tareas de seguridad pública es inconstitucional, dado que México no vive un estado de guerra declarada.
Cossío aseguró que el análisis del fuero militar debe considerar que mientras no exista declaración de guerra, un decreto de suspensión de garantías o un decreto del presidente de la República en el que disponga que puede hacer uso de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior o exterior, los casos de militares en que haya un civil involucrado serán competencia de la justicia ordinaria y no de la castrense.
Los ministros plantearon así la posibilidad de que los militares acusados por cometer delitos contra civiles sean juzgados tanto en el fuero de guerra como en tribunales civiles.
Cossío consideró que según la Constitución mexicana, los soldados no están facultados para ejercer funciones de seguridad pública y que “su actividad está muy acotada porque vivimos en tiempos de paz. Para mí no estamos en tiempos de guerra declarada y en el tiempo de paz que vivimos el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar, siempre que los sujetos pasivos y activos sean militares”.
Según se anunció desde la semana pasada, el pleno de la Corte tiene en su lista de discusión 30 casos en los cuales se presume que militares violaron derechos humanos de civiles, lo cual siguiendo la argumentación de Cossío tendría que ser juzgado en tribunales civiles y no en la autonomía del ejército mexicano. Entre los casos más significativos se encuentra el de Jethro Ramses, quien fue desaparecido en Morelos por elementos militares en 2011 y meses después su cuerpo fue localizado en Puebla. Los soldados Edwin Raziel y José Guadalupe Orizaga fueron acusados de haber cometido el asesinato; el coronel José Guadalupe Arias Agredano está presos con los dos soldados, acusado de encubrir a sus subalternos.
Este caso llegó a la Corte, debido a que la justicia civil y militar declinar juzgar a Agredano por los hechos.