Por José René Paz, colaborador del área internacional del Centro Prodh
Varias organizaciones de la sociedad civil mexicana – entre ellas el Centro Prodh – participamos en una misión civil de observación el pasado 3 de agosto para recopilar y actualizar información, así como para documentar las violaciones a los derechos humanos que sufre la comunidad desplazada de Nueva Esperanza en plena frontera entre México y Guatemala. Allí, se recabó información de primera mano con la comunidad afectada, misma que se ha autodenominado “Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza”. Esta misión se focalizó en actualizar el capítulo sobre la situación de la comunidad en el informe “La Frontera Olvidada”, publicado en octubre del año pasado.
Tras ser desalojada por tercera vez de manera violenta el día 23 de agosto de 2011, la comunidad cruzó la línea fronteriza para instalarse en México esperando solucionar su crítica situación. Según relatan los habitantes, el día del desalojo un operativo conjunto conformado por elementos del Ejército Guatemalteco, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con participación de funcionarios de derechos humanos, llegaron al lugar con el fin de ejecutar una orden de desalojo de la cual no tenían conocimiento y argumentando que la comunidad estaba asentada en un área natural protegida.
Ante esta situación, el 9 de enero de este año, la comunidad fue nueva y paradójicamente víctima de un desalojo por parte del gobierno mexicano el cual calificó de “repatriación voluntaria”. En este desalojo, las autoridades mexicanas usaron a los niños y niñas, deteniéndoles para que sus padres no pudieran escapar, incluso mientras se internaban en territorio guatemalteco. Asimismo, a muchas personas les fueron arrebatados sus documentos de identidad y sus formas migratorias concedidas por el gobierno mexicano. 71 personas, incluyendo niños, fueron enviadas a Tapachula, Chiapas, en condiciones deplorables para luego ser deportadas a Guatemala.
El campamento, compuesto hoy por 185 personas -de las cuales la mitad son menores de edad- ha regresado a instalarse a escasos metros de la línea fronteriza que separa el departamento de El Petén y el estado de Tabasco, viviendo a poca distancia de su antigua ubicación. Las condiciones en las que viven son inhumanas careciendo de los servicios más básicos que toda persona debería de disfrutar: salud, alimentación, vivienda y educación. Ejemplo de esta situación es la reciente muerte de una menor por falta de servicios de salud adecuados. En la zona no hay fuentes de trabajo y los hombres que logran trabajar lo hacen durante jornadas abusivas limpiando potreros. Las mujeres tienen que salir acompañadas a buscar agua, por temor a ser agredidas; los niños, quienes antes del desalojo disfrutaban del ojo de agua, ya no pueden hacerlo.
El gobierno guatemalteco ha enviado a oficiales del Ejército para vigilar la zona y velar para que la comunidad no puedan retornar a sus tierras. Además, se ha visto la presencia en la zona de kaibiles, tropas de élite del Ejército guatemalteco pero cuya responsabilidad en violaciones a derechos humanos ha sido evidenciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de las Dos Erres cometida durante la guerra civil del país centroamericano.
La comunidad sigue en negociaciones con el gobierno guatemalteco, las cuales se siguen prolongado y no terminan de concretarse mientras la situación sigue siendo alarmantemente precaria. Una cosa es cierta: la comunidad, quien fuera totalmente autónoma e independiente hasta antes del desalojo, no podrá volver a sus tierras en Guatemala. Ante este desnaturalizado olvido, ambos gobiernos deben buscar una pronta solución a la crisis humanitaria que padece la comunidad de Nueva Esperanza, la cual sigue en resistencia para vivir en paz y en condiciones dignas.