El desgraciado acontecimiento de los 65 mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, ha servido para despertar nuestros reflejos en torno a la industria minera. Hace seis años y medio que 63 de los cuerpos asesinados por el lucro y la ambición sin límite de los poderosos, permanecen bajo tierra, y lo más triste es que no han parado las muertes por supuestos accidentes.
El miércoles 25 de julio murieron siete mineros que trabajaban en un pocito de carbón ubicado en el ejido La Florida, de Múzquiz también en Coahuila. La mina es propiedad de la empresa El Progreso, SA de CV, la cual había sido sancionada previamente ya uno de los pozos carecía de salida de emergencia. Murieron porque “se toparon con una de las bolsas de gas metano, que es explosivo”.
En las mismas circunstancias, el 3 de agosto murieron otros seis mineros bajo un alud de cien toneladas por otra explosión de ese mismo gas; los cuerpos de los mineros fueron rescatados por la empresa propietaria de la mina, llamada Minerales Monclova Sociedad Anónima (Mimosa).
La institución gubernamental responsable de la vigilancia de este tipo de extracción minera es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS),ña cual afirma haber hecho más de mil inspecciones y sancionado a las empresas que no cumplieron con los requisitos por una cantidad de 13 millones de pesos en multas.
Mientras esto sucede en el estado de Coahuila, donde las muertes parecen resultado natural de trabajos de alto riesgo, el gobernador, Rubén Moreira afirma que no se cerrarán estas fuentes de trabajo que ofrecen miles de empleos y aportan energía para el país. Los responsables eluden su culpabilidad, aduciendo que es el gas grisú, conformado principalmente de metano, el que ocasiona los accidentes; las muertes se pueden remediar con unas buenas prestaciones a los familiares de los deudos, consideran.
Los tres incidentes comentados líneas arriba ocurren en la misma región, caracterizada por condiciones de trabajo deplorables, donde cada día se violan los derechos laborales; además las multas, con un costo de máximo 19 mil pesos, parecen un incentivo para laborar sin condiciones de seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo en la mina.
Además, en el mes de mayo pasado, la defensora de derechos humanos laborales, Cristina Auerbach fue agredida y hostigada por su trabajo con los mineros de Coahuila. La denuncia de la defensora, de La Familia Pasta de Conchos, en el primer aniversario del fallecimiento de 14 mineros en el pocito 3 de Sabinas, ha molestado a la Oficina Federal del Trabajo en Sabinas. El director de esta institución, Antonio Horacio Berlanga Adame, envió a videograbar y hostigar a Cristina.
La muer.te no es obra de la casualidad o del destino trágico, sino de la ambición que lleva a los dueños a no contar con las medidas de seguridad y a no brindar todos los derechos laborales que están obligados. No podemos permitir que la industria minera haya vuelto para sacar del fondo de la tierra las riquezas a cambio de la sangre de los mineros.