Se acumulan los elementos acusatorios contra el Estado mexicano. La semana pasada Human Rights Watch (HRW) presentó un informe intitulado “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la <guerra contra el narcotráfico> de México”, en el que demuestra que las fuerzas de seguridad han participado en casos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
HRW es una organización internacional cuya voz es de las mejores respaldadas a nivel internacional por su trabajo en la defensa y protección de los derechos humanos. Sus investigaciones rigurosas muestran las constantes violaciones en los lugares más violentos y oprimidos. A través del Informe recientemente emitido, su voz se unió a la de otras muchas que reclaman un nuevo orden jurídico y de seguridad para los mexicanos. El reclamo a la estrategia armada es porque el uso del Ejército y la Marina no ha logrado disminuir la inseguridad y la violencia; en este sentido, HRW coincide con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se dice preocupada por el uso recurrente de las fuerzas militares, por ser ésta incompatible con el orden público.
Cuando los mexicanos salen a las calles y carreteras no sólo tienen miedo a que un miembro de los 185 grupos de la delincuencia organizada que operan en México los asalten, roben o asesinen, sino que existe el temor fundado de encontrarse con miembros del Ejército, la Marina o la Policía Federal. Algunos de los casos más recientes sobre el tema han sido el de la niña chihuahuense que se encontraba secuestrada por dos militares y el caso del empresario que en Ciudad Juárez fue secuestrado y torturado por miembros de la Policía Federal.
Para ahondar en este contexto atroz, Ciudad Juárez registró durante el año 2007 un total de 469 homicidios dolosos, mientras que durante el año 2010, que tuvo ahí la presencia miles de soldados y después miles de policías federales, el número de homicidios dolosos aumentó más de un mil porciento: 5,212.
Así es que el Informe de 229 páginas afirma “(Calderón) en lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, decidió emplearlas para llevar adelante una “guerra” contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país. Asignó al Ejército un rol central en su estrategia de seguridad pública, que se enfocó principalmente en enfrentar a los carteles mediante el uso de la fuerza”.
Resulta en este contexto una ironía de mal gusto la respuesta de Calderón: “Son ellos (los criminales) quienes mediante la comisión de delitos agravian de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. El Presidente sabe que es el Estado quien comete violaciones, mientras los ciudadanos cometen delitos, y que el mismo Estado también comete violaciones a los derechos humanos cuando permite por comisión u omisión que los particulares afecten los derechos fundamentales.
Resulta entonces una defensa pobre y encubridora la del Presidente, quien no quiere admitir su responsabilidad en los más de 50 mil muertos, diez mil desaparecidos y 240 mil desplazados internos por la violencia. Ojalá que estas nuevas evidencias que se unen a las presentadas por los académicos, periodistas, intelectuales y activistas sociales pueda dar lugar a “modificar prácticas y políticas, y reivindicar a víctimas que son a priori vinculadas al narcotráfico o señaladas como delincuentes” como lo afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.