04 de noviembre 2011/Sididh.- El informe oficial al principio del año de 2011 señalaba que las personas asesinadas por el combate al narcotráfico, a partir de diciembre de 2006, había llegado a los 34 mil; a estos habría que agregarle otros 10,022 más en lo que va del año, según las cuentas del periódico Reforma. La Jornada contabilizó, para este mismo periodo, un total de 50,455 homicidios cometidos “por supuestos miembros del grupos dedicados principalmente al tráfico de drogas”. De hecho, sólo en octubre hubo mil 45 personas asesinadas.
En las notas diarias de cualquier periódico encontramos cifras de muertos, algunas con lujo en detalles mórbidos y otros tan escuetos que dejan más dudas. En estos informes cotidianos no existe el propósito de ahondar más en la realidad de crudeza que vivimos, ni tampoco en profundizar en el análisis sobre las causas de tantos y variados asesinatos. Esto deja en el lector cotidiano la confusión de lo que ocurre en un país que, por más que lo nieguen, se encuentra en guerra civil, o como lo dijo recientemente un portavoz de la ONU: ocurren en México más asesinatos que en países que están declarados en guerra.
Es, pues, una tarea invaluable la que hacen algunas instituciones, como se señalaba al principio del texto en relación a las informaciones presentadas por los periódicos Reforma y La Jornada. Lo cierto es que resultaría un esfuerzo titánico clasificar cuántas de las muertes son atribuidas a la delincuencia organizada, a la delincuencia común y cuántas más son realizadas por funcionarios al servicio del Estado. Desde el Centro Prodh nos hemos dado a la tarea de contabilizar solamente aquellas muertes que han ocurrido cuando han participado en combates el Ejército, la Marina o la Policía Federal. En este sentido, podemos dar a conocer que el mes de septiembre sumó 75 personas asesinadas.
Para llevar a cabo la tarea de contabilizar a las víctimas hemos revisado los tres principales diarios de distribución nacional, así como los boletines emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, nos hemos encontrado con la omisión de información en los boletines de la SEDENA a cerca de las personas asesinadas en los combates, que por otro lado, sí registra la prensa. Además, existen otros casos en los que la prensa tampoco registra los decesos, como en ocasiones sí lo hacen los boletines. Estas omisiones y cambios en la manera de informar por parte de la SEDENA nos llevan a pensar en el rompecabezas que la sociedad civil está obligada a unir para acercarse un poco a lo que sucede en el país.
El resultado de nuestra propia contabilización durante el mes de octubre da un total de 49 personas asesinadas. La gran mayoría son llamados “infractores”, “agresores” y “presuntos sicarios”, insistiendo con la manera de nombrarlos en que ellos fueron los que iniciaron el combate. Sólo en dos casos aportan datos diferentes: el primero es el de Guamuchil, Sinaloa, en donde reportan tres personas que se cruzaron durante el combate y perdieron la vida; el otro caso es reportado por la CNDH en Tijuana, que nos informa sobre la muerte de Guillermo Audelo por parte de militares. De las 49 personas, cuatro eran mujeres, dos de ellas que se “cruzaron” en Guamuchil.
Otros violaciones a los derechos fundamentales realizados por personal del Ejército mexicano, ocurridos en este periodo son: el secuestro de una niña por parte de dos militares y la denuncia de la CNDH en Tijuana, que no aportan los nombres de los victimarios, pero sí de lo que se les acusa: privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada, lesiones contra detenidos y presunto abuso sexual. Además, a raíz de la exoneración de un campesino que fue acusado, porque así lo mostraba un artefacto, bautizada como “la ouija” se ha revelado una serie de detenciones arbitrarias, sin que hubiera pruebas que lo asentaran.
Toda esta información debe contribuir a ahondar la reflexión sobre una estrategia que va dejando a su paso más muertes colaterales que efectos tangibles en la percepción de los ciudadanos. Es necesario que nos permita visualizar las violaciones sistemáticas en las que incurren las Fuerzas Armadas, para que así podamos exigir con mayor fuerza que cualquier acción de los funcionarios del Estado se apegue a los estándares de derechos humanos que los mexicanos esperamos.