- Padre Solalinde en la Casa del Migrante de Ixtepec
El día de hoy, 27 de octubre de 2011, se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), institución de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de velar porque los gobiernos del continente americano protejan y cumplan los derechos humanos.
La Audiencia fue pedida por el gobierno de México, después de la visita que realizó a México Felipe González, Relator para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, en agosto pasado. Cabe resaltar que esta visita tuvo su inicio en la Audiencia temática de marzo de 2010, en la que varias organizaciones de la sociedad civil expusimos la gravedad de la problemática de los secuestros a migrantes en tránsito por México, misma que fue catalogada por el Relator para México, Rodrigo Escobar, como una “verdadera tragedia humanitaria”.
El gobierno mexicano señaló que han tenido avances en materia de la normativa migratoria y que han abierto un mecanismo de consulta a la sociedad civil y a los académicos para la elaboración del reglamento de la ley migratoria. Sin embargo, como organizaciones defensoras de los derechos humanos hacemos énfasis en que el mecanismo planteado por el gobierno federal no ha sido hasta ahora participativo. Por lo tanto, pedimos a la Relatoría que encomiende al Estado mexicano dar a conocer cuanto antes el anteproyecto del reglamento y a partir de ahí concretar formas de verdadera participación.
Por otra parte, el gobierno federal señaló que en los últimos meses ha habido un incremento en la detención de secuestradores de personas migrantes y en la liberación de víctimas de secuestro. Sin embargo, desde el Centro Prodh consideramos que es indispensable que estos procesos se acompañen de una política de atención integral a las víctimas que las lleve a acceder a la justicia y a la pronta reparación del daño.
A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, consideramos que la única solución que podrá cambiar de forma trascendental el cruce de las personas migrantes por México es la inclusión de una visa transmigrante en la legislación; es decir, que quienes provienen de Centroamérica y buscan cruzar México, puedan hacerlo de manera libre y documentada. Mientras tanto, la población migrante continuará siendo criminalizada y víctima de numerosos hechos de violencia, como los recientes asesinatos del migrante guatemalteco Julio Fernando Cardona Agustín y de la migrante hondureña María Mares Ortiz Hernández, ambos, suscitados a escasos metros del albergue para migrantes de Lechería.
Finalmente, reiteramos que las medidas cautelares requeridas por la CIDH y por la CNDH no han sido debidamente implementadas en la Casa del Migrante de Saltillo, en la Casa del Migrante Nazaret de Nuevo Laredo y en el Albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca. Por lo tanto, las y los defensores y la población migrante continúan estando en un gran riesgo y vulnerabilidad.