El mes pasado, el Centro Prodh publicó un Informe sobre la situación de derechos humanos que prevalece en el Estado de México. En éste, se destinó un apartado especial para referirse a las agresiones, violencia y tortura sexual que un grupo de mujeres sufrió por parte de elementos policiacos federales y estatales.
21 de octubre 2011/Sididh/SLAA.- El 3 y 4 de mayo del año 2006, se llevó a cabo un operativo para terminar con la protesta social desencadenada por las arbitrariedades del Estado en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. Los policías detuvieron a más de 207 personas y al menos 47 mujeres sufrieron tortura sexual y malos tratos. Esta situación puso de manifiesto la violencia institucional que permea en las autoridades gubernamentales, que justificaron el uso desproporcionado de la fuerza con tal de restablecer un supuesto Estado de Derecho.
Buscando minimizar los hechos, el exgobernador Enrique Peña Nieto “[declaró que] se investigarán “con estricto apego a la ley” los incidentes en Atenco, pero advirtió contra la fabricación de acusaciones, como podría ser el caso de las mujeres violadas por policías, [señalando] que es una táctica de los grupos radicales en estos casos”. Con este tipo de declaraciones, tanto él como otros altos funcionarios del Estado de México cultivaron un clima de discriminación contra las mujeres.
Entre las 47 mujeres había jóvenes, estudiantes, amas de casa, extranjeras y una indígena. Todas fueron acusadas, sin pruebas, de los delitos de
ataques a las vías federales de comunicación y delincuencia organizada. A pesar de las descalificaciones de las autoridades, al menos dieciséis mujeres decidieron denunciar formalmente lo ocurrido ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (ahora FEVIMTRA), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, el actuar de los ministerios públicos fue faccioso, pues no investigaron de oficio las denuncias públicas ni tomaron en cuenta como pruebas los dichos de las víctimas; tampoco resultó efectiva la vía jurídica administrativa.
A lo largo del tiempo transcurrido, once mujeres que continúan activamente la denuncia acompañadas por el Centro Prodh se han enfrentando a diversos obstáculos, entre los que destacan el constante cambio de ministerios públicos, el incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de la FEVIMTRA y el retardo de la PGR en presentar el resultado de los Protocolos de Estambul donde se acredita la tortura.
En mayo del presente año, en el marco del quinto aniversario de los lamentables hechos de Atenco, el Procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que el caso de Atenco “no está archivado ni quedará impune, de hecho en tres meses se estará determinando la averiguación previa por el abuso sexual que presuntamente sufrieron once mujeres”. Además, manifestó que antes de que Peña Nieto terminara su mandato, las averiguaciones previas serían determinadas; sin embargo, esta promesa no ha sido cumplida en tiempo y forma.
Al día de hoy, cabe señalar que la gravedad de los delitos y violaciones a derechos humanos perpetradas por policías en contra de las mujeres de Atenco constituyen una práctica de violencia estructural por género. Es por esto que, al no encontrar elementos de justicia en México, las mujeres han tenido que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso está esperando a ser próximamente admitido.