La violencia en la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón continúa ascendiendo. Cada vez son más localidades las atemorizadas e invadidas tanto por delincuentes como por las Fuerzas Armadas, quienes sistemáticamente cometen violaciones a los derechos humanos. Las víctimas continúan, como estrategia oficial, siendo invisibles o criminalizadas.
14 de octubre 2011/Sididh.- Hace unos días apareció en los periódicos nacionales que la ciudad de Saltillo estuvo sitiada por varias horas en medio de balaceras, pues militares y fuerzas públicas se enfrentaron con presuntos criminales. Se reporta que murió una persona y no se precisa ningún dato más. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por casualidad caminaba por ahí? ¿A quién le duele su muerte? Los informes oficiales han presentado casos similares como “efectos colaterales”. Sin embargo, no explican nada ni extienden argumentos para contribuir a la paz, al fin de la violencia o a cumplir los anhelos de justicia.
Habría que revisar entonces lo qué pasa desde otra perspectiva y tener una visión más amplia de la situación. Por esto, desde el Centro Prodh nos dimos a la tarea de ver en tres diarios nacionales noticias similares en el mes de septiembre y encontramos diez eventos violatorios a los derechos humanos. ¿Quién de nosotros conoce la «Operación Escorpión”? Se trata de una de las tantas acciones contra el narcotráfico y la delincuencia realizada en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí. Mientras que marcan un recuento sangriento de 26 personas asesinadas en la primera quincena, dan cuenta de que dos de ellos son militares; del resto no hay ninguna información. El informe de la Operación señala una serie de “logros”, ¿con ello buscan disuadirnos de la importancia de la privación de la vida de 24 personas? En la segunda quincena, informan que fueron 22 “presuntos delincuentes” los abatidos por los militares.
Es muy interesante que el 1 de septiembre reporten que en la comunidad del Bejuco, Estado de México, murió un civil que se encontraba en medio del fuego cruzado. Esto trasciende porque al menos a él no lo ponen como “presunto delincuente”. El 2 de septiembre asesinaron al joven de 30 años Gustavo Acosta Luján, quien estaba con su familia, quien da testimonio de que las Fuerzas Armadas lo confundieron con quien llamaban “El M-3”. Según narra la madre de Gustavo, entraron al domicilio, no para detenerlo, sino para matarlo inmediatamente.
La “Operación Escorpión” reportó un total de 46 personas asesinadas; sin embargo, en los periódicos nacionales, sólo tenemos cuenta de once posibles homicidios. Esto nos indica la irregularidad con la que se registran los asesinatos por parte de la prensa, lo cual, probablemente se debe a la misma opacidad de la Sedena y la Marina. Además, en otros estados de la República aparecen 18 asesinatos más (siete en el Estado de México, tres en Nayarit, tres en Veracruz y cuatro en Michoacán). Además, en San Luis Potosí dos “presuntos delincuentes” se volcaron y murieron después de un enfrentamiento con los militares. En total, 67 personas asesinadas, sin que mediara un proceso judicial de por medio.
Otros aspectos relevantes de este mes han sido las aprehensiones de algunos miembros de las fuerzas públicas por estar en contubernio con la delincuencia organizada: agentes de la SIEDO realizaron el 21 de septiembre un operativo en un hotel de Ciudad Juárez, donde se hospedaban diez policías federales acusados de robo, delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Hallaron armas que no corresponden a las asignadas, droga y a una persona muy lastimada que tenían secuestrada.
El registro de las personas asesinadas sólo en el mes de septiembre nos muestra apenas un ejemplo de cómo se están dando las violaciones a los derechos humanos de las personas que viven o transitan por México. Definitivamente, es de extrema gravedad que no haya un protocolo o las medidas necesarias para evitar estas muertes. En las narraciones de los diarios, este periodo se caracteriza por no presentar información sobre las víctimas e incluso, clasificarlas como “delincuentes” o “zetas” antes de una investigación. Además de las violaciones al derecho a la vida, está también viéndose afectado el derecho a la seguridad (allanamientos), agravado por el hecho de que parte del Estado mexicano se encuentre robando, secuestrando y matando.