La Tribu Yaqui se encuentra resistiendo a un megaproyecto y luchando a favor de la continuidad de la vida de la comunidad. De construirse un Acueducto, se pondrá en peligro su derecho al territorio y al agua; además, el gobierno ha violado sistemáticamente el derecho a la información y a la consulta.
En la ciudad de Hermosillo, Sonora, es difícil acceder al derecho al agua, pues la propia naturaleza de la geografía semi-desértica ha propiciado que los mantos acuíferos de la región bajen de nivel; además, por el lugar en el que se encuentra la ciudad hay poca afluencia de lluvias. Sin embargo, es preciso señalar que los mantos acuíferos han sido explotados por empresarios que desde los años 50 perforan pozos para campos agrícolas.
La situación de escasez de agua ha provocado un cambio en el patrón de cultivo, lo que ha provocado que se deje de sembrar trigo y algodón y ahora se cultiven frutos que requieren menos agua, como la uva y la nuez. Debido a la apertura a la inversión extranjera, el agua para consumo humano es ahora consumida casi en su totalidad por las empresas transnacionales, entre las que destacan las automotrices y las refresqueras. Además, debido a la mala calidad de la red de tuberías de Hermosillo, se pierde alrededor del 40% del agua a través de las fugas.
Para hacer llegar agua a la ciudad, los gobiernos federal, estatal y municipal, han seguido una política de privilegio a las concesiones a empresas, más allá de velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. De esta forma, se han ejecutado proyectos como el Acueducto Independencia, concesionado por 50 años a Carlos Slim y otros socios. La Tribu Yaqui es una de las principales afectadas por esta obra, pues gracias a éste sólo se podrán sembrar 8 mil hectáreas, cuando ahora siembran 18 mil, lo cual prácticamente terminaría con la vida de la comunidad.
Mario Luna, integrante de esta comunidad, ha denunciado que su pueblo se encuentra sitiado desde hace un mes por 70 patrullas estatales que el Ejecutivo envió para contener cualquier intento de defensa al derecho al territorio, al agua y a la vida. Además, agregó que los policías han agredido y golpeado a personas de la comunidad, así como detenido a nueve y procesado a diez bajo la acusación de ataques a las vías generales de comunicación. La nula protección que el gobierno extiende a la comunidad Yaqui, aunado al clientelismo de su política, que beneficia intereses ajenos al bien común, viola los derechos contenidos en tratados internacionales y, específicamente, el derecho a la consulta y a la información.
Ante esta situación, el pueblo Yaqui de Sonora continúa resistiendo de manera organizada y pacífica. En este sentido, pide el apoyo de la comunidad sonorense, de México y del mundo, para solidarizarse con su lucha y no permitir que se construyan proyectos que dañen de forma definitiva su territorio y su manera de vivir.