Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial, les dijo a los empresarios mexicanos: «No pueden sacar su dinero e irse a Miami: tienen que hacer que la democracia funcione en su propio país».

En Puerto Vallarta, el presidente Calderón buscó explicar su lógica en la lucha contra el crimen organizado: «Para mí la premisa es el estado de derecho. Lo que está en juego es el Estado mismo, la legalidad. Y debemos preguntarnos: ¿quién manda? El presidente municipal de esta localidad o el capo que opera ahí. El gobernador de este estado, o el jefe del grupo o el jefe de la mafia que está en esa entidad, o en un país. ¿Quién manda en una nación? ¿El presidente y el Congreso, o las leyes de los capos? Y yo digo que el crimen organizado tiene una inercia sustitutiva del Estado».

Javier Sicilia interpeló a los legisladores ayer, al hablar sobre el Código Federal de Procedimientos Penales que pretende legalizar prácticas violatorias a los derechos humanos: «Por amor al país, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a lo que representan -las esperanzas políticas de los ciudadanos-, por compasión por tanto sufrimiento con el que la corrupción y la irresponsabilidad nos ha cargado la espalda y el corazón, no aprueben los cambios».

Rubén Adriano Sosa, mecánico acusado de secuestro y cuyo caso ya indaga la CNDH, señala: «El licenciado Felipe Calderón dice que tenemos una policía mejor preparada, y sí, está mejor preparada para torturar, para golepar, para inculpar, porque aquí en el arraigo oímos tantas y vemos tantas cosas, que la verdad da miedo».

De acuerdo con el PRI, los militares infractores deben ser juzgados por tribunales civiles especializados en la conducta militar. Al respecto, Jesús Murillo Karam expuso: No es lo mismo, precisó «un homicida que mata per se, a un hombre que resulta del cumplimiento de una orden, de un adiestramiento o de cosas similares. Son cosas que se tienen que considerar en la elaboración del juicio».

«No incorporar el enfoque de derechos es un sinsentido en la promoción de un régimen más democrático, que es la propuesta de los partidos», dijo Ricardo Bucio ayer, al reconocer que ningún candidato incorpora en su propuesta política la perspectiva de derechos humanos.