La responsabilidad del Estado

Estas madres, esposas, hijas, insisten en que, por amor y ante la impunidad, han tomado en sus manos una responsabilidad que es, por definición, de las autoridades, “porque es obligación del Estado protegernos a todos y garantizar nuestra seguridad”, apunta Mercedes Ruiz.

Ellas saben que hay un estado de emergencia y su experiencia les muestra que la presión de las familias siempre será indispensable, sin importar quién gobierne, para empujar lo más urgente: la determinación del paradero de las y los desaparecidos, sea mediante la búsqueda en vida o, dada la atroz violencia que hemos vivido, mediante la identificación de cuerpos y restos.

Doña Mari lo define así: “A nosotros nos dicen que tenemos que dejar que el gobierno haga su trabajo, pero a nosotros nos urge y al gobierno no”. Por eso, las mujeres hacen efectivo, en conjunto con sus colectivos, el derecho ganado a participar en la investigación y la búsqueda. Ejercicios ciudadanos de búsqueda como las brigadas, así, terminan siendo verdaderos ejercicios de autotutela de derechos que el Estado ha dejado de garantizar; legítimas expresiones de desobediencia civil que continuarán en tanto no se diseñen políticas públicas efectivas para atender la emergencia.

Las búsquedas ciudadanas son, desde esa perspectiva, también una expresión de protesta y de desesperación que no puede replicarse en todos los contextos. En no pocas regiones del país la violencia persiste a tal punto que las búsquedas ciudadanas son imposibles por las amenazas que se ciernen sobre los colectivos.

Justamente por ello es imposible dejar de interpelar a la responsabilidad del Estado como ocurre siempre cuando se trata de personas desaparecidas.

Por ejemplo, hoy por hoy, una preocupación común y urgente es lograr que los tesoros hallados sean objeto de una identificación pronta y certera, de modo que miles de familias puedan terminar con el duelo suspendido.

“Lo que se necesita son los bancos de ADN para que de ahí se puedan hacer los comparativos y puedan entregarse todos esos miles y miles de restos que hemos encontrado”, apunta con insistencia doña María Herrera.

El funcionamiento efectivo del Sistema Nacional de Búsqueda y de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas es fundamental. Pero la crisis es de tal magnitud que, sin duda, hoy debemos pensar también medidas adicionales y excepcionales. Una alternativa esperanzadora lo puede ser la concreción de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertos internacionales, pueda dedicarse por entero a devolver la identidad a los tesoros hallados en los esfuerzos impulsados por los colectivos y a tantos otros que esperan olvidados en las morgues del país.

Como advierten las madres, sin identificación, los enormes sacrificios que asumen para realizar sus hallazgos no están sirviendo de nada.

Esta innovación no sería menor: supondría que los estados y la Federación acuerden esquemas de trabajo conjunto con una lógica humanitaria.

Pero al margen de que ese mecanismo se concrete o no, lo cierto es que los estados y la Federación están obligados a dedicar más recursos y esfuerzos para revertir el rezago forense, lo que obviamente no supone dejar de lado la justicia.

Entre las madres hay expectativas de alcanzar algún día la verdad sobre el paradero de sus hijos. No hay ingenuidad. Doña María Herrera, reflexionando sobre la necesidad de no dejar de interpelar al Estado, señala: “Esperemos que este gobierno vea todas esas necesidades y se ponga las pilas. Pero la sociedad debe estar detrás del gobierno”. Sólo la presión que generan las familias, con actividades como las brigadas, moverá a instituciones que por demasiado tiempo han sido indolentes. Por eso, las brigadas y otras actividades de los colectivos deben ser respetadas en sus interpelaciones, por duras que se lleguen a tornar. Más aún, las y los servidores públicos del Estado mexicano deben entender que son las familias las que en estos años cruentos han acumulado experiencias, para entonces diseñar con su participación políticas públicas que se nutran con ese saber.

Como ya lo explicaba el informe coordinado desde la sociedad civil sobre impactos psicosociales en el caso Ayotzinapa: “A pesar del alto costo que representa para los familiares en términos de riesgo y de los impactos psicosociales que significa confrontarse con la extrema crueldad de los métodos de desaparición y el hallazgo masivo de fragmentos óseos, la posibilidad de identificar los restos encontrados y restituirlos a sus familias tiene un efecto reparador”.4

Es cierto: que grupos de mujeres se vean orilladas a salir a buscar a sus seres queridos en las regiones del país que la violencia ha devastado es una realidad atroz de altos costos. Los impactos en la salud son duraderos y los peligros, en extremo amenazantes. Pero junto con esa realidad de horror, de los colectivos surge también una luz de esperanza. En la resiliencia de estas familias, que se acompañan y se apoyan, se vislumbra la compasión y la empatía que tanto necesita el país para salir de su noche negra. La historia de “las locas de las palas” es, a no dudar, una historia de dolor; pero también es un testimonio de entereza, de sororidad, de resistencia y, en última instancia, de profundo amor.