Informe sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Los ataques contra de personas defensoras y periodistas continúan como una práctica generalizada y sistemática. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022 se documentaron 107 de personas defensoras y 59 de personas periodistas asesinadas presuntamente por su labor (según cifras oficiales). Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Sonora son las entidades con mayor número de casos reportados. Las acciones estatales han sido insuficientes y no han fortalecido al Mecanismo de Protección, ni generado una política pública integral en la materia. Por el contrario persisten deficiencias importantes en el Mecanismo, a saber: el debilitamiento en la deliberación de planes de protección por parte de las instancias que lo conforman, la falta de implementación efectiva de medidas y la ausencia de un seguimiento constante y cercano a los casos presentados.
- La violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas persiste en el territorio nacional sin que las medidas adoptadas por las instancias de gobierno hayan logrado revertir dicha situación y generado condiciones para un entorno seguro.
- Las cifras de impunidad de los delitos cometidos contra personas defensoras y periodistas permanecen en más del 90%, sin que se haya puesto en práctica a nivel nacional un plan de persecución penal y lucha contra la impunidad. Esto incluye los actos de espionaje cometidos contra personas defensoras y periodistas.
- Personas defensoras y periodistas comunitarias o pertenecientes a alguna población indígena, las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, las y los familiares de víctimas de desaparición forzada, las personas LGBTI y las personas defensoras de derechos de las y los migrantes cuentan con una mayor vulnerabilidad frente a la ausencia de metodologías de protección adecuadas y eficientes que contribuyan a visibilizar y atender el riesgo real de su labor.
- Adoptar e implementar en conjunto con organizaciones de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, una política pública de protección integral que incorpore acciones específicas en materia de prevención, protección, investigación y reparación, desde una perspectiva interseccional, diferencial y de género
- Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección mediante el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el diagnóstico de la ONU-DH; impulsar a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la creación de directrices para la implementación de un plan de persecución penal de investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
- Investigar y sancionar a los responsables de los actos de espionaje ilegal en contra de personas defensoras y periodistas de manera independiente, diligente y exhaustiva, así como publicar información completa y verificable sobre los programas informáticos de vigilancia utilizados actualmente por el Estado.
- Derogar en un plazo máximo de 3 años los delitos de difamación, calumnia e injurias a nivel estatal, así como los artículos 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y el artículo 185 del Código Penal Federal, para que no limiten de forma desproporcionada la libertad de expresión.
- Adoptar una estrategia nacional para el reconocimiento a la labor de personas defensoras y periodistas, a través de la cual se insten a servidores públicos a respetar, prevenir y actuar frente a actos de estigmatización, acoso judicial y criminalización de ambos sectores.
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