Informe sobre protesta social
Desde 2018 se ha visto un claro aumento en la estigmatización por autoridades de diferentes niveles del gobierno en contra de la protesta social y quienes se manifiestan, clasificándolas como “violentas”. Este discurso, también ha permeado en los medios de comunicación, lo que genera un ambiente hostil para quienes ejercen su derecho a la protesta, además de deslegitimar sus luchas y facilitar que sean víctimas de violencia física y digital, acciones de represión y/o criminalización.
- Continúa el incumplimiento del uso legítimo de la fuerza o de actuación policial en contextos de protesta social por parte de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
- Persiste la falta de acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño por violaciones de derechos humanos y delitos que se cometen en el marco de la protesta social por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.
- La criminalización de la protesta social está íntimamente relacionada con los tipos penales y su utilización.
- Reconocer de forma constante y a través de los medios más amplios a su alcance la legitimidad del derecho a la protesta como un factor que contribuye a fortalecer el Estado de Derecho y, a su vez, abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes contra las personas manifestantes y las protestas sociales.
- Garantizar que las Fiscalías Estatales y Federal así como las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones prontas, imparciales, independientes, eficientes y exhaustivas de los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las protestas sociales.
- Modificar o derogar aquellas disposiciones legislativas a nivel federal, estatal y municipal que menoscaben el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y protesta pacífica de acuerdo con lo establecido por los estándares del derecho internacional en dicha materia.
- Garantizar la creación de mecanismos independientes de supervisión de la policía que cuenten con independencia política y funcional, participación de sociedad civil, entre otros.
- Derogar los artículos 27 y 28 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y asegurar que el uso de la fuerza durante manifestaciones se adecúa a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
- Excluir a las fuerzas armadas y dependencias adyacentes a ellas como el caso de la Guardia Nacional- de la actuación en protestas sociales.
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