Informe sobre pueblos indígenas
La relación histórica entre los Pueblos Indígenas y el Estado sigue marcada por asimetrías de poder. La brecha de implementación de los compromisos adquiridos por el Estado continúa extendiéndose en la medida en que se les niega su condición de sujetos plenos de derecho y en tanto se privilegian intereses económicos, privados e incluso estatales, por encima de los pueblos. Ninguna reforma ha expresado la necesaria reconfiguración de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, un pendiente desde la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Concretamente, el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público con una jurisdicción territorial, social y de justicia propia y no “de interés público” como actualmente se lee en el artículo 2° constitucional. Esta omisión se mantiene en un contexto de mayor exclusión y violencia.
- Las personas y comunidades todavía son víctimas del racismo, de una violación sistemática a sus derechos individuales y colectivos, y continúan en una situación de desigualdad estructural en todos los ámbitos de la vida pública y social.
- Existe una marcada desigualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
- El despojo de sus territorios por parte de grupos legales e ilegales con poder económico y político, incluso acompañado de procesos de militarización; de violencia, desplazamiento forzado interno y otros.
- Existe una exclusión de los Pueblos Indígenas, y sus sistemas normativos, en el sistema de impartición de justicia mexicano sumado a la omisión en la atención de conflictividades sociales muchas veces gestadas por el Estado.
- Reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a fin de garantizar sus derechos colectivos en consonancia con el Derecho Internacional.
- Adoptar medidas para garantizar el derecho de acceso a la justicia con perspectiva intercultural de las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
- Principalmente dirigidas hacia las fiscalías y el Poder Judicial; garantizar los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales, a través de acciones afirmativas para el acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda, considerando el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.
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