Informe sobre Tortura y Malos Tratos
La tortura en México es generalizada. Desde 2019 las comisiones de derechos humanos recibieron más de 39 000 quejas por tortura o malos tratos. La mayoría de ellas señalaban directamente a autoridades del Estado. Aunque existe una ley general contra la tortura desde el 2017, su implementación presenta retrasos: hay una completa impunidad, con más del 99% de casos sin sentencia y existe una política de encubrimiento de la tortura a través de peritajes mal realizados. Además, en México, la tortura sigue muy presente en entornos de atención a la salud mental y en estaciones migratorias.
- En México la tortura es un delito impunible. Las fiscalías carecen de capacidades, recursos y autonomía para investigar este delito; y los poderes judiciales prácticamente no emiten sentencias.
- A pesar de ser un problema endémico, México todavía no cuenta con un programa nacional de política pública contra la tortura, tal como obliga la ley.
- La tortura en México se aplica en múltiples entornos y con diferentes propósitos: se encuentra muy extendida durante los primeros momentos de la detención y durante la privación de libertad penitenciaria, por motivos migratorios y por motivos de salud mental.
- Implementar un programa nacional de política pública contra la tortura que contemple la participación de las organizaciones y víctimas.
- Crear mecanismos para garantizar que los servicios forenses sean imparciales y de calidad para documentar los impactos de la tortura en las víctimas.
- Garantizar que las fiscalías investiguen con autonomía e imparcialidad; que se implementen correctamente los las figuras preventivas contempladas en la ley, como el Registro Nacional del Delito de Tortura y la designación del órgano de gobierno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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