Informe sobre personas privadas de la libertad
En el informe de personas privadas de libertad se abordan como principales problemáticas detectadas: la falta de corresponsabilidad interinstitucional, los grupos en situación de vulnerabilidad, la falta de autonomía y baja efectividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, los impactos a familias, la privatización de los centros penitenciarios, la preliberación por tortura y las amnistías, y los obstáculos en el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad.
- La política penitenciaria en México se ha construido a partir de las necesidades generales de la mayoría de la población, por lo que las necesidades específicas de mujeres, personas indígenas, diversidad sexual e infancias, quienes viven en contextos de vulnerabilidad, han sido invisibilizadas.
- La ausencia de un plan nacional de reinserción social con líneas de acción, programas homologados, estrategias de implementación, actividades y dependencias responsables, sumada a la falta de corresponsabilidad interinstitucional entre autoridades penitenciarias y las secretarías de Estado vulnera gravemente los derechos humanos de la población privada de libertad.
- La reserva del contenido de los protocolos de actuación al interior de los centros penitenciarios ha impedido que la sociedad civil organizada pueda identificar y documentar condiciones de internamiento y prácticas penitenciarias no compatibles con los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
- Instaurar un Plan Nacional para la Reinserción Social que materialice las políticas públicas de exigencia y justiciabilidad de la reinserción social como derecho humano de la población privada de libertad
- Construir políticas públicas con enfoques interseccionales que respondan a las necesidades y realidades de las personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad
- Establecer mecanismos de transparencia dentro de los sistemas penitenciarios mexicanos, a fin de permitir ejercicios democráticos y de monitoreo de los contextos de internamiento de las personas privadas de libertad, mediante la socialización de políticas de seguridad, protocolos de actuación y estrategias para la materialización de la reinserción social.
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