Por primera vez se documenta la existencia de órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a derechos humanos. En un contexto donde hechos con un elevado número de muertes de civiles se normalizan y toleran al presentarse como enfrentamientos, pese a que las investigaciones sobre los índices de letalidad arrojan datos preocupantes, el documento que junto con este informe se publica y analiza debe generar un profundo debate público sobre el uso de la fuerza letal por parte de las corporaciones y fuerzas de seguridad, así como una investigación respecto del Ejército.

Para el Centro Prodh es fundamental reiterar que si hoy podemos realizar este documentado recuento, es gracias a la lucha que la testigo y víctima Julia ha emprendido con la finalidad de buscar justicia y verdad frente a la ejecución de su hija Erika, quien contaba con 15 años al momento de los hechos. Para ella es nuestro reconocimiento y por ella la exigencia de que el Estado garantice cabalmente su seguridad y la de su familia.

COMUNICADOS

3006, 2019

Tlatlaya: Cinco años sin justicia

junio 30th, 2019|0 Comments

A pesar de demostrarse las ejecuciones arbitrarias, ningún servidor público rinde cuentas por ello.  La impunidad en el caso envía un mal mensaje en el contexto de la participación militar en la seguridad pública.[...]

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